Revocación de mandato, los balazos que el INE se dio en el pie - LJA Aguascalientes
28/05/2022

APRO/Juan Omar Fierro y Neldy San Martín

 

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que pretendieron aplazar la realización del proceso consultivo para la revocación de mandato del presidente de la República sufrieron una doble derrota jurídica en apenas una semana, y ahora están obligados a realizar dicho ejercicio de votación, víctimas de su propia trampa jurídica.

Además, ahora deberán escuchar las propuestas del bloque minoritario, que encabeza la consejera Carla Humphrey Jordan, para calcular posibles ahorros y ajustes presupuestales que permitan realizar ese ejercicio de votación.

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitieron acuerdos y resoluciones que echaron abajo la pretensión del bloque mayoritario en el INE de posponer la consulta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, para utilizar, por primera vez, la figura de revocación de mandato en un proceso electivo.

Acorralado por su fallida estrategia legal, el Consejo General del INE sesionó de manera extraordinaria el 30 de diciembre último y aprobó, por unanimidad, continuar con el proceso de revocación de mandato tras las resoluciones de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

En buena medida, el acuerdo adoptado por el INE que pretendía obligar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a aumentarles el presupuesto, para poder realizar la consulta de revocación de mandato, se le revirtió al consejero presidente, Lorenzo Córdova, y a los otros cinco consejeros que apoyaron su propuesta.

El tropiezo del INE comenzó cuando la Cámara de Diputados y la Consejería Jurídica de la Presidencia presentaron por separado controversias constitucionales para impugnar el aplazamiento de la consulta, por lo que ambas instancias obtuvieron suspensiones para dejar sin efecto el acuerdo general del INE, que pretendía posponer dicho ejercicio con el argumento de una “insuficiencia presupuestal”.

 


Punto para los consejeros

El propio INE presentó una controversia constitucional contra la determinación de la Cámara de Diputados de no aprobar el presupuesto que ese instituto había solicitado rumbo a 2022, incluyendo los 3 mil 830 millones 448 mil pesos para realizar un posible referendo revocatorio. 

Ese recurso fue admitido a trámite, pero el instituto no logró que el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá les concediera una suspensión para frenar el proceso, como anunciaron en una sesión pública, esperando que la Corte les diera la razón. Esa fue su primera derrota jurídica.

Paradójicamente, en esa misma controversia los consejeros del INE lograron una victoria que ha pasado inadvertida hasta para sus críticos.

A la par de que se lamentaban del recorte presupuestal, los consejeros electorales solicitaron conservar sus salarios que están por encima de lo que gana el presidente López Obrador, por lo que impugnaron los topes salariales previstos en la Ley de Egresos, logrando una suspensión para que sigan cobrando sus salarios actuales. 

Esa suspensión obedece a los precedentes legales que existen para que no se reduzcan los sueldos en los organismos autónomos, pese a las leyes de austeridad. De manera deliberada, el INE no celebró su pequeño triunfo.

Además de las controversias constitucionales, el INE se enfrentó a un recurso de apelación presentado por el partido Morena contra el acuerdo que posponía la consulta de revocación de mandato, recurso que fue resuelto por la Sala Superior del TEPJF, también con resultados desfavorables para la posición oficial del instituto electoral.

Los argumentos esgrimidos por Lorenzo Córdova –sobre la “insuficiencia presupuestal”– fueron desestimados por los magistrados electorales que votaron de manera unánime por revocar el acuerdo aprobado el 17 de septiembre último por el INE, con el argumento de que éste no tiene facultades constitucionales para suspender la consulta sobre la revocación de mandato, prevista para abril del próximo año.

La Sala Superior del TEPJF fue contundente: la consulta sobre revocación de mandato sólo se puede suspender en caso de que los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador no logren juntar las 2 millones 700 mil firmas de personas inscritas en el padrón electoral, equivalente a 3% del listado nominal de electores y con una representatividad en el mismo porcentaje de 17 entidades federativas.

Incluso, la resolución advierte que el Consejo General del INE ni siquiera intentó acreditar la supuesta “insuficiencia presupuestal” que argumentó para aplazar la consulta de revocación de mandato, por lo que ahora deberán fundar y motivar cualquier solicitud de recursos adicionales que le hagan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por lo anterior, ordenó al INE agotar la posibilidad de implementar ahorros y ajustes presupuestales para explorar la obtención de recursos financieros que le permitan a ese organismo seguir con el proceso para realizar la consulta de revocación de mandato y así poder garantizar la participación ciudadana.

 

Llamado para Hacienda

Un consuelo para los consejeros electorales es la determinación de los magistrados del TEPJF para “vincular” a la SHCP a responder una eventual solicitud del INE para lograr una ampliación presupuestal. 

Sin embargo, el fallo del tribunal electoral no ordena a la SHCP entregar esos recursos de manera automática, sino solamente a dar entrada a la petición del INE y a responder de manera “fundada y motivada” a dicha solicitud, lo cual deberá hacer en el menor tiempo posible.

Debido a que los magistrados electorales no cuentan con facultades para dar órdenes a la Secretaría de Hacienda en materia presupuestal, le hicieron un llamado para que coadyuve al INE con el fin de garantizar el proceso para realizar la consulta, destacando que también es obligación del gobierno federal, como parte del Estado, garantizar la realización de los ejercicios de votación democrática.

 

El plan Humphrey

Obligados por las resoluciones de la SCJN y el TEPJF a realizar la consulta de revocación de mandato, el INE deberá explorar las propuestas que se había negado a escuchar de la consejera Carla Humphrey.

Cercana a Morena, por su relación personal con Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Humphrey propuso a sus homólogos del INE varias alternativas para reducir el costo del referendo que impulsa López Obrador.

Sus propuestas abarcan desde eliminar el conteo rápido el día de la jornada electoral hasta limitar la producción e impresión de documentos electorales, pasando por la posibilidad de que las actas de escrutinio, de cómputo y de instalación de casillas, entre otras, no se impriman y se recojan en formato electrónico.

Sus alternativas fueron presentadas el 17 de diciembre pasado durante la sesión del Consejo General del INE, en el cual se aprobó la propuesta del consejero presidente de posponer temporalmente el proceso para realizar la consulta por falta de presupuesto.

Las razones presupuestales esgrimidas por el bloque comandado por Córdova, al que se sumaron los consejeros Ciro Murayama, Roberto Ruiz Saldaña, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, es que el INE había solicitado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un presupuesto de 3 mil 830 millones 448 mil pesos para realizar un posible referendo.

Sin embargo, el INE lamentó que sólo se le autorizaron mil 503 millones de pesos tras una serie de ajustes a su presupuesto, lo que representa un déficit de 2 mil 327 millones de pesos. Con base en dicho cálculo es que una mayoría de los consejeros electorales determinó aplazar la realización de la consulta.

Pero su apuesta por lograr una victoria jurídica no resistió el análisis de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que el artículo quinto transitorio de la reforma a la Constitución sobre la revocación de mandato señala que, en el ejercicio de sus atribuciones, el INE deberá cubrir el ejercicio de revocación “con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y subsecuentes”.

Otra de las razones para aplazar dicho ejercicio de votación, según el consejero presidente del INE, es que en septiembre de 2021 el Congreso aprobó en la Ley Federal de Revocación de Mandato la obligación de que el organismo habilite “la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior”, equivalente a 161 mil.

Un paralelismo sobre la instalación de casillas, de acuerdo con el costo de la elección federal de 2021, representa un gasto global de 8 mil 200 millones de pesos. 

Sin embargo, Humphrey asegura que el costo real de la instalación de casillas fue de 223 millones de pesos, los materiales electorales costaron 334 millones y la documentación electoral fue de 150 millones.

Por lo anterior, propuso estudiar diversos escenarios para reducir los costos y poder realizar la consulta de revocación de mandato, pese al recorte presupuestal, como la instalación de centros de votaciones en escuelas o en los órganos distritales locales, así como la colocación de al menos mil urnas electrónicas. 

Además, planteó que el INE desarrolle una aplicación para los teléfonos móviles con los manuales de capacitación de los funcionarios de casilla, y ahorrar así el costo de impresión de los materiales.

Otra de sus alternativas es eliminar el cartel con los resultados de la jornada electoral, que se publica fuera de las casillas al acabar la votación, y reducir las medidas de seguridad en las boletas de votación.

“Lo anterior, en el sentido de eliminar todo aquel material electoral que no sea indispensable para organización de esta revocación de mandato. Repito, la revocación no es un proceso electoral, y así tenemos que verlo”, argumentó la consejera.

También propuso que Talleres Gráficos de México, al ser un organismo descentralizado del gobierno federal, redujera los costos de impresión, o que no cobre por imprimir los materiales y papeletas, como una manera de reducir la carga presupuestal al INE.

Solicitó ajustar la integración de las mesas directivas de casilla, pues la Ley de Revocación de Mandato establece que serán cuatro funcionarios, presidencias, secretaría y escrutador y la suplencia. Sin embargo, lo anterior, dijo, puede reducirse a dos funcionarios del INE y dos ciudadanos electorales. 

 


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