- Municipio capital atendió recomendación de la PROESPA
- Alrededor de 20 empresas cuentan con certificación ambiental
Héctor Anaya Pérez, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) dijo celebrar que el Ayuntamiento capitalino haya puesto orden a los crematorios de las funerarias, al ser un tema que generó la preocupación ciudadana a partir de que inició la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
“Atendieron nuestra solicitud, nuestra recomendación de que los crematorios debían ser controlados y regulados por los ayuntamientos, así lo establece la ley”, explicó el funcionario al clarificar que si bien esos hornos emiten contaminantes, deben contar con los equipos necesarios para disminuir las emisión y apegarse a las normas oficiales mexicanas”, manifestó el procurador ambiental.
De esta manera, tanto la PROESPA como el gobierno municipal intervienen para que las funerarias, al momento de realizar el servicio de cremación de cadáveres, cumplan con lo que marca la Norma Oficial y regulen la emisión de contaminantes.
Detalló que además de las funerarias otras empresas están interesadas en lograr la certificación que otorga la PROESPA para garantizar que sus actividades son amigables con el medio ambiente, situación que considera que es debido a que hay más conciencia en la emisión que se hace de contaminantes de agua, aire o suelo, ya que son alrededor de 20 empresas las que participan en este programa de certificación ambiental, “aspiran a obtener el certificado y es justamente porque están cumpliendo con estos requisitos”.
Anaya Pérez expuso que respecto a las multas la Procuraduría a expedido 1, 800 multas, de las cuales el 60% es sobre Bienestar Animal, el restante 40% son faltas administrativas relacionadas precisamente con emisión de contaminantes a la atmósfera sin autorización, depósito ilegal de residuos de manejo especial, extracción de recursos naturales como la arena en los cauces de los ríos o extracción de leña.
Estas multas administrativas representan para la PROESPA un ingreso de 8 millones de pesos anuales, mientras que el presupuesto con el que generalmente trabajan es de 35 millones, que consideran un recurso muy limitado ante la necesidad de fortalecer la inspección y de vigilancia de actividades ilícitas como las ya mencionadas, aunque señaló que la mayoría de las empresas tienen un sentido de responsabilidad.
