Flavia Morales
La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar a andar 10 polos de desarrollo dentro del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) antes de que concluya su sexenio será difícil de concretar frente a la inseguridad, así como la falta de certidumbre jurídica para inversionistas y de infraestructura en los terrenos adquiridos para este propósito.
La creación de estos polos de desarrollo –que serán megaparques industriales con inversión de empresas de diversos giros– funcionará como “cortina” para detener la migración, según ha dicho el presidente. Pero empresarios de la región que abarca el proyecto más bien expresan preocupación porque se carece de certeza legal sobre los beneficios fiscales para invertir y porque echar a andar los parques con todo el equipamiento del que ahora carecen implicará recursos millonarios.
Emmanuel Peña, líder de la Cámara de la Industria de la Transformación en la región sur del estado, considera al CIIT una visión acertada del presidente para dar equilibrio al desarrollo del país, pero que difícilmente se concretará antes de terminar su sexenio.
“Para nosotros este proyecto está dividido en dos etapas; la primera es el desarrollo de la plataforma logística de infraestructura de rehabilitación de los puertos, el ferrocarril y las vías de comunicación carretera y los derechos de vías para gasoductos, líneas eléctricas. Eso sin duda se va a concluir en este sexenio”, señala.
Pero ve con reservas el avance de los parques industriales.
–¿Qué falta? –se le pregunta.
–La seguridad jurídica para los empresarios. No existe una ley para dar certidumbre a los inversionistas de estos polos con reglas claras de los incentivos fiscales. Si no hay un marco jurídico, difícilmente los empresarios arriesgarán su inversión.
Aunque López Obrador anunció en diciembre pasado que ya hay un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para los incentivos fiscales, los empresarios cuestionan que en papel no existe nada concreto, ni leyes expedidas sobre el tema.
Miguel Rolón, quien fue coordinador para desarrollo de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos 2016 al 2018 del gobierno de Veracruz, explica que el gobierno debe garantizar varios servicios inexistentes en la región hasta ahora, como: “Infraestructura, carreteras, energía eléctrica, agua, gas natural, planta de tratamiento de aguas residuales, centro de población cercano para suministro de mano de obra, ciudad con calidad de vida, materias primas o mercado cercano, puerto para importación o exportaciones, entre otras”.
En su opinión, mientras no exista esa infraestructura en los polos o incentivos atractivos superiores a la zona franca del norte del país, será complicada la instalación de empresas en estos megaparques.
En contraste, Antonio Luna Rosas, exdirector de la Administración Portuaria de Coatzacoalcos y actual secretario de la Comisión del Corredor Interoceánico en el Congreso de Veracruz, asegura que hay empresarios interesados en invertir y se han recibido delegaciones de empresarios de Estados Unidos y otros países, aunque reconoce que les preocupa la seguridad.
“Me atrevería a decir que es un plan donde está interesado México, pero también otros países, porque el corredor sería una de las grandes soluciones para el tema de la migración de Veracruz y de países de Centroamérica”, comenta.
Mientras tanto, se han anunciado inversiones privadas por más de 10 mil millones de pesos este año para el puerto de Coatzacoalcos y la localidad de Pajaritos, para una terminal de contenedores y otras obras portuarias; esto incluye la inversión de la empresa CG Railway para la compra de dos nuevos ferrobuques para conectar al puerto de Mobile, Alabama.
Pero tanto el CIIT como la Secretaría de Desarrollo Económico de Veracruz han negado la existencia de cartas de intención de empresas interesadas en invertir, según la respuesta a solicitudes de información vía transparencia.
Miguel Rolón, quien es promotor de negocios y fue gestor del proyecto Etileno XXI de 2011 a 2015 –en la región sur de Nanchital–, advierte que la seguridad también es un tema central que preocupa a los empresarios.
La preocupación no es menor, pues la región que será paso clave de mercancías y donde se instalarán las empresas es un foco de incidencia criminal, con presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas.
A la inseguridad se suma el tráfico de migrantes y el paso de caravanas, por ser estos municipios un cruce obligatorio desde Centroamérica. Por ejemplo, en enero el Instituto Nacional de Migración detuvo un camión donde viajaban 359 migrantes hacinados.
2020 fue un año violento para la región: El 28 de octubre integrantes del CJNG bloquearon tramos carreteros en varias de estas ciudades. Unos meses antes, un grupo de ganaderos armados como autodefensas desfilaron por San Juan Evangelista para exigir el alto a la violencia.
En esa caravana, el empresario Erasmo Vázquez González, El Chivo Vázquez, exhibió el organigrama delictivo de la zona y acusó a José Roberto Sánchez Cortés, El 80 –jefe local del CJNG– de sembrar terror en la zona. El gobierno estatal ofreció por su captura una recompensa de un millón de pesos, pero sigue prófugo de la justicia.
Erasmo Vázquez es el empresario recientemente señalado en un video de ser parte del Cártel Sinaloa y además protegido del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, hechos que ambos negaron.
La Familia Michoacana también intentó operar en Jesús Carranza y Sayula de Alemán. Cuitláhuac García reveló en agosto de 2021 que Jhovanny N, El Vani –detenido en la Ciudad de México– intentó coaccionar a candidatos a alcaldes durante el pasado proceso electoral. “Tiene que ver con el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec. Las bandas delictivas pretendían instalarse y generar una base apoyando candidatos”.
Emmanuel Peña confía en la presencia de la GN para disminuir los delitos de alto impacto en Coatzacoalcos: “Llevamos 300 días sin secuestros”, dice. Aunque otros delitos crecen, como la extorsión y el cobro de piso, según la estadística.
Sobre la inseguridad en los terrenos ubicados en Sayula de Alemán y Texistepec, la historia es otra: “El gobierno federal, con sus programas sociales, trata de generar un equilibrio de sostenibilidad en estos poblados; evidentemente el deterioro del tejido social es enorme y acumulado de muchos años, no esperemos que de la noche a la mañana estás poblaciones tenga otra opción de vida, pero hay una intencionalidad”.
En su consideración, la decisión de López Obrador de entregar a la Marina el control de seguridad y administrativo del corredor da certeza de blindaje para los empresarios.
Antonio Luna Rosas coincide: “La seguridad definitivamente es algo que preocupa a los empresarios, pero también a las autoridades; la decisión de que la Marina se encargue da la garantía de no permitir malas prácticas ni vulnerabilidad en las inversiones”.
