Gobiernos no deben volver a ser juez y parte en elecciones: contralor de Aguascalientes - LJA Aguascalientes
28/06/2022

Durante la hegemonía priista, el partido en el poder era juez y parte, se trataba de un partido de Estado: Arnoldo Gómez Palomino

 

 

En medio del proceso electoral en el que Aguascalientes renovará la gubernatura de su estado y en un contexto donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado entrever su intención de integrar el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Secretaría de Gobernación, es pertinente recordar que los gobiernos y los servidores públicos no pueden ser juez y parte en un proceso electoral, afirmó Arnoldo Gómez Palomino, titular de la Contraloría del Estado.

En su intervención en el panel Sobre la intervención de las y los servidores públicos en el proceso electoral, organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes, el funcionario estatal recordó que tan sólo hace 40 años México vivía una aparente democracia distinta a la actual, donde se tenía un “partido de Estado”, único, que, pese a los otros partidos pequeños, resultaba como la única opción viable que realmente tenía posibilidades de ganar, en referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó al país después de la revolución durante todo el siglo pasado, primero como Partido Nacional Revolucionario (PNR).

“Entonces había una integración tal entre el partido y el gobierno, que no había una distinción. Hablábamos entonces de un partido de Estado”, explicó.

Recordó también que, en ese entonces, los procesos electorales eran aún más difíciles para la oposición, ya que, quienes presidían la Comisión Electoral encargada de llevar a cabo el proceso era el secretario de Gobernación, o el secretario general de Gobierno de cada entidad federativa. Lo anterior ya que, antes de las primeras grandes reformas electorales, con las cuales se crearon, por ejemplo, el entonces llamado Instituto Federal Electoral (IFE), en la década de los 90, el gobierno mismo era quien organizaba las elecciones.

En ese tiempo, las y los funcionarios de casilla “eran los propios servidores públicos”, señaló Gómez Palomino, es decir, terminaban siendo juez y parte, un principio que a todas luces se prestaba para abusar del poder.

El contralor estatal destacó que las reformas electorales a finales del siglo pasado dieron paso a la imparcialidad, “algo que a lo mejor ahorita se pone en riesgo”, alertó.


“Parte fundamental: no se puede ser juez y parte. Hay que respetar a las instituciones y entonces creo que queda claro por qué los servidores públicos no pueden hacer uso de los recursos, no pueden hacer uso de la estructura, no pueden hacer uso de los beneficios –del poder político– para entrometerse, para afectar, para trastocar el proceso electoral”, concluyó.   

  


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