La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos expresó profunda preocupación por “las denuncias de represión sistemática de los derechos cívicos a raíz de las protestas de julio de 2021” en Cuba, así como por las duras sentencias contra manifestantes pacíficos del 11 y 12 de Julio de 2021 detenidos en la isla caribeña.
“Nos preocupa información oficial reciente que indica que 127 personas fueron condenadas a penas de prisión de entre 6 y 30 años principalmente por ‘sedición’ y ‘hurto’, relacionadas con protestas ocurridas el 11 y 12 de julio en los municipios de Diez de Octubre y Arrojo Naranjo. También nos preocupan otras informaciones que apuntan a severas restricciones a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión pacífica y de asociación tras las protestas del año pasado”, dijo a Proceso Ravina Shamdasani portavoz del ACNUDH.
De los 127 condenados, 31 recibieron entre 20 y 30 años de prisión por cargos de “sedición”. Otros 25 que protestaron recibieron condenas de entre 15 y 19 años de cárcel y 48 personas más entre 10 y 14 años de prisión. Según la Fiscalía General de La Habana, fueron procesadas 790 personas, de las que 55 tienen 16 y 17 años de edad.
“Hemos planteado inquietudes a las autoridades y continuaremos interactuando con todas las partes interesadas para arrojar luz sobre las circunstancias de estos juicios, así como sobre las denuncias de represión sistemática de los derechos cívicos a raíz de las protestas de julio de 2021”, reveló.
Shamdasani, recalcó que sus preocupaciones también se refieren a una posible represión que pudieran tener futuras protestas que tengan lugar en el país con motivo de la demanda de la liberación de los presos detenidos por ejercer sus derechos.
En este sentido, recordó que tras las protestas en Cuba del 11 y 12 de julio de 2021, la Alta Comisionada Michelle Bachelet había pedido al gobierno de Miguel Díaz-Canel la pronta liberación de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o la libertad de opinión y expresión.
“Recordamos que las garantías mínimas que aseguran el derecho a un juicio justo, así como un espacio cívico propicio, son cruciales para defender los principios de justicia, estado de derecho y dignidad humana. Reiteramos nuestro llamado al Estado para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidos los derechos fundamentales a un juicio justo, a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión pacífica y de asociación”, instó.
