La semana pasada en el Congreso de la Unión se discutieron algunos cambios a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios (LDFEM), con el objetivo de mejorar los procesos de contratación de deuda en los gobiernos locales y para fijar un límite al monto de financiamiento que se puede adquirir. Es un asunto muy relevante, debido a las repercusiones en la forma en que los municipios y estados llevan a cabo la planeación financiera. Si bien los cambios propuestos son menores, abonarán a la transparencia y rendición de cuentas, pues se reducirán los espacios de discrecionalidad en el manejo de la deuda pública. La reforma propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados y quedará a la espera de su discusión y posible aprobación en el Senado.
Esta legislación nació en 2015 para balancear las cuentas públicas de los estados y municipios, así como para procurar la sostenibilidad de la deuda pública a nivel nacional, es decir, para fomentar que la adquisición de deuda se realizara con base en criterios de responsabilidad financiera, a fin de evitar que los gobiernos locales acumularan deuda de manera descontrolada. Hoy en día, los resultados de la LDFEM son positivos en transparencia y rendición de cuentas, pues ya existe un registro único de las obligaciones y financiamientos que contratan los gobiernos locales. En el ámbito fiscal también hay buenos resultados, según el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque aún falta mucho trabajo por hacer.
Desde que entró en vigor la LDFEM, la deuda de estados y municipios se redujo en más del 6% en términos reales y más del 40% de estos financiamientos se destinaron a la inversión productiva, además de que hay una clara mejora en las condiciones de acceso al financiamiento privado: ahora los gobiernos estatales y municipales pueden adquirir deuda en condiciones más favorables y accesibles. En suma, esta ley promueve las buenas prácticas en el manejo de los recursos públicos, de ahí que sea un ejemplo de cómo una legislación ayuda a mantener finanzas sanas y a evitar problemas que afectarían el desempeño de los gobiernos locales.
En Aguascalientes, según resultados recientes, los gobiernos estatal y municipales han desarrollado e implementado buenas prácticas de manejo y gestión, con la finalidad de mantener niveles sostenibles de endeudamiento. Gracias a ello, existe la posibilidad de acceder a más y mejores condiciones de financiamiento para destinar mayores recursos a programas que beneficien a la población.
La necesidad de procurar finanzas públicas sanas es una obligación que no podemos ni debemos descuidar, en particular quienes nos encontramos en espacios clave de toma de decisiones. Asumir esta responsabilidad posibilita que los gobiernos cuenten con recursos para financiar programas y servicios públicos que la población necesita. Por ello, es importante mantener los esfuerzos para reducir los espacios de discrecionalidad en el manejo y ejecución del gasto, de tal manera que la ciudadanía tenga cada vez más certeza de cómo y dónde se ejercen los recursos públicos que provienen de sus contribuciones. Dicho de otro modo, no solo debemos cuidar la forma en la que los gobiernos obtienen recursos (al cuidar, por ejemplo, las condiciones en que se adquieren créditos), sino sobre todo garantizar que el destino de dichos recursos sea en acciones que generen beneficios para toda la población y que justifique la adquisición de deuda. Por lo tanto, debemos erradicar la práctica que consiste en endeudarse para regalar o distribuir recursos públicos como una medida de legitimación o como parte de un discurso a favor de la popularidad de un gobernante. Dicho de otro modo, debemos evitar las políticas que conduzcan a lo que dice el proverbio: pan para hoy, pero hambre para mañana.
En las próximas semanas consultaré a expertos y funcionarios fiscales para analizar los espacios de mejora en la gestión de recursos fiscales y deuda pública en Aguascalientes, tanto a nivel estatal como municipal. La idea es articular cambios para garantizar que los recursos públicos se usen de la mejor forma para el bien de la población aguascalentense.
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