Gloria Leticia Díaz
La organización de defensa de la infancia Save the Children urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a vetar una reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que admite el trabajo de adolescentes en el sector agrícola, medida que va en contra de la ratificación de dos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, firmados por México y a las obligaciones contraídas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Al recordar que actualmente un millón 125 mil 858 adolescentes de entre 15 a 17 años realizan actividades económicas peligrosas y más de la mitad (638 mil 493) lo hacen en el sector agrícola, Save the Children reconoció que la reforma aprobada el martes 2 en el Senado de la República “busca atender una realidad para miles de adolescentes que carecen de oportunidades y los medios suficientes para continuar sus estudios”.
No obstante, la organización señaló que la reforma legislativa es “una solución parcial”, porque expone a los adolescentes “a riesgos que sobrepasan los beneficios”, ya que sólo considera “la legalización del trabajo adolescente en el sector agrícola, sin proponer mecanismos, recursos y reformas adicionales que garantice que su incorporación se realice en apego a lo que señala la Ley, priorizando su integridad, seguridad y sano desarrollo”.
La organización internacional recordó que, en noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo en apego a los convenios 138 y 182 de la OIT, que establece la edad de 15 años como la mínima para trabajar y que indica que entre las peores formas de trabajo infantil está “toda aquella actividad que por su naturaleza o condiciones es probable que dañe la salud, la seguridad o moralidad de niñas, niños y adolescentes”, respectivamente.
La prohibición de que los menores realizaran trabajos riesgosos “fue aprobada con el objetivo primordial de proteger a las y los adolescentes de las condiciones externas que se presentan en el campo mexicano: exposición a agroquímicos, largas jornadas laborales, insolación, deshidratación, posturas prolongadas o repetitivas, hacinamiento, informalidad, carencia de seguridad social, pagas menores, falta de servicios de cuidado, carencias en el acceso a servicios educativos, de salud, alimentación y agua potable, por mencionar algunos, y que constituyen un riesgo real para su salud e integridad”.
En cuanto al T-MEC, la organización expuso que la reforma que legaliza el trabajo de adolescentes en actividades agrícolas, “puede generar incumplimientos a las obligaciones” contraídas en el tratado trilateral y con ello “amenazar al comercio de exportación mexicano, particularmente por lo que se refiere al capítulo 23, el cual consagra la ‘no derogación de las cláusulas de protección´, en el entendido de que la prohibición del trabajo adolescente agrícola se realizó como una medida de protección contra labores peligrosas e insalubres, debido a las actividades y condiciones en las cuales se encuentra el campo mexicano, además de que la aprobación implica un retroceso en el nivel de protección a los derechos de las y los adolescentes”.
Oportunidades sí, pero no a costa de la salud
Save the Childrren recordó que el Estado mexicano está obligado a procurar oportunidades de desarrollo a los adolescentes, “pero no a costa de su salud e integridad”, de ahí la urgencia que el presidente López Obrador “haga uso de su facultad de veto en tanto no se generen los cambios legislativos y de políticas públicas y presupuesto público para garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes, con especial preocupación en su seguridad y protección”.
Apuntó que se debe garantizar que el trabajo agrícola realizado por adolescentes no impida el desarrollo de derechos como la educación, el descanso y esparcimiento, y las actividades “no sean peligrosas, ni insalubres y no produzcan efectos negativos, inmediatos o futuros, a su desarrollo físico, mental, psicológico o social”.
La organización insistió en que se vete la reforma “en tanto no se generen los cambios legislativos, y de políticas y presupuesto público necesarios para garantizar la protección de los derechos de las y los adolescentes que trabajan”.
Sugiere hacer reformas legislativas enlistando las actividades “nocivas y peligrosas”, en las que no deban participar los menores; incluir en la legislación de forma expresa la obligación de los empleadores de dar de alta en el seguro social a los adolescentes en edad de trabajar; fijar una jornada laboral de seis horas para trabajadores adolescentes, “asegurando que tengan tiempo suficiente para realizar tareas escolares, de descanso, juego y esparcimiento”.
Asimismo, se pide a las autoridades “incrementar las capacidades de inspección laboral”, a través del incremento del presupuesto asignado que permita tener personal capacitado “para actuar con enfoque de protección de los derecho de las y los adolescentes”; aplicar un programa permanente de inspecciones laborales aleatorias no anunciadas “enfocadas a trabajo infantil y adolescente en el sector agrícola” y crear una “estrategia nacional para combatir el trabajo e infantil y el trabajo adolescente permitido”.
Save the Children recomendó a las empresas agrícolas ofrecer a los adolescentes “trabajo decente que les asegure un ingreso digno, con seguridad social y que asegure el pleno ejercicio de sus derechos a la educación, salud, esparcimiento, descanso, dignidad, integridad, entre otros”; erradicar el trabajo infantil “en sus operaciones y cadena de suministro”, y que se garantice a los trabajadores adolescentes a no realizar a “actividades nocivas o perjudiciales para su salud e integridad física y mental”.
Asimismo sugirió a los empresarios “evaluar riesgos de trabajo infantil en operaciones de cadena de suministro”; prohibir acciones ante “violaciones por trabajo adolescente no permitido y en casos de trabajo infantil”; evitar la precarización “del empleo y condiciones laborales de las personas adultas que trabajan en el campo”, y presentar informes periódicos los avances de las acciones contra “violaciones por trabajo adolescente no permitido y en casos de trabajo infantil”.
Save the Children puntualizó que “la integración de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida a los sectores productivos debe hacerse de forma responsable, paulatina y posterior a un proceso de revisión y fortalecimiento de los mecanismos de protección en el cual se involucren gobierno, sector privado y sociedad civil, a fin de que se garantice la protección integral de sus derechos”.
