Abducción en la Corte/ Opciones y decisiones  - LJA Aguascalientes
12/08/2022

Cuando la suspicacia y el sospechosismo se apropian de la conversación pública, es imperativo recurrir al análisis del discurso (amén del análisis crítico-epistemológico), en alguna de sus distintas modalidades, para poder desentrañar su sentido más auténtico y verosímil, de manera que podamos superar la ambivalencia y equivocidad de los términos cruciales involucrados. Como es el caso de las explicaciones implicadas en la resolución de la SCJN sobre la Ley de Industria Eléctrica, que he venido comentando en mis dos últimas colaboraciones.

Quedamos en que el texto impugnado mereció hasta siete votos de sus ministros en contra de secciones o apartados sustantivos de este corpus legislativo, quedando sólo a distancia de uno para alcanzar Mayoría Relativa imperiosa, que declarase al final su invalidez jurídica. Concluida su deliberación y votación, deja como precedente para la impartición de Justicia, una Ley sujeta a nutridos y potentes litigios, lo que implica su frágil e inestable operatividad, como guía normativa y motor central del sector eléctrico de la Nación.

La SCJN consta del trabajo colegiado de 11 Ministros-as. Del caso en estudio, 4 de ellos-as declararon su validez constitucional; en tanto que los 7 restantes votaron consistentemente en contra, por su invalidez. ¿Cómo puede suceder esto? La diversidad del voto no es inusual, ni en principio llama a sorpresa; pero, encontrar una respuesta satisfactoria implica un análisis de fondo, que explique no tanto el por qué de las divergencias, sino el cómo se operó esta oposición lógica y semántica de sus posicionamientos. Mi tarea de hoy consiste en ensayar esa vía explicativa.  

Y comienzo por concentrarme en los 4 Ministros/as que votaron a favor de la validez del proyecto impugnado. En este punto debo aclarar que no es de mi interés indagar sobre las motivaciones, las decisiones internas, las supuestas adhesiones ético-políticas de cada actor, ni mucho menos en todo lo que involucra el aspecto no-visible de sus pronunciamientos; ruta que conduce a la suspicacia y el sospechosismo, que no es objeto de la presente reflexión.

En cambio, sí me interesa indagar los datos visibles de su manifestación actancial, es decir, sus conductas, comportamientos verificables y, sobre todo, su expresión discursiva en tanto que ministros integrantes de la SCJN. Para ello está el genéricamente dicho Análisis del Discurso, una indagación intelectual conocida como Heurística (Se define como el arte y la ciencia del descubrimiento, de la creación, amén de cómo resolver problemas a través del pensamiento lateral, la intuición, la inspiración, el pensamiento divergente, los cuales constituyen y estructuran el complejo proceso conocido como creatividad, que refiere al pensar y hacer diferente. Cfr. http://arquepoetica.azc.uam.mx/escritos/heuristica.html). En lo personal, abrevo del análisis del discurso y la semántica.

Comienzo por los actores del discurso -en análisis-. De las dos primeras sólo refiero su proveniencia y forma de acceso a la magistratura, cuya liga es la directa nominación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al cargo y el voto mayoritario de la fracción parlamentaria de Morena. Su adhesión al proyecto legislativo impugnado, ni sorprende ni se aleja de una lealtad personal al Ejecutivo en funciones. Valga pues su presentación.

  1. Loretta Ortiz Ahif, ponente del texto impugnado. Consejera Legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN; Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Diputada Federal; Integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México, y Consejera de la Judicatura Federal (Cfr.: SCJN). A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el 12 de diciembre de 2021 es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la Segunda Sala (Administrativa y de Trabajo).

Yasmín Esquivel Mossa fue designada como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (Cfr. Yasmín Esquivel Mossa, nueva Ministra de la Suprema Corte …https://www.cijc.org › NovedadesArchivoPDF), al obtener 95 votos a favor en el Senado, una mayoría cualificada de más de dos tercios. Sustituye a Margarita Luna Ramos y ocupa el cargo durante 15 años, hasta 2034. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac de México. Fue adscrita a la Segunda Sala y declaró su “compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho”. Aseguró que desde la Suprema Corte de Justicia se debe “afrontar y sortear responsablemente la desigualdad, pobreza, violencia, discriminación, impunidad y corrupción, porque merman la confianza de la gente en las instituciones del Estado”. Se requiere de acciones concretas y expeditas para mantener el rumbo propuesto en el texto constitucional”. – En el mes de febrero del 2019 es propuesta por el C. Presidente de la República y designada por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Cfr.: SCJN. https://www.scjn.gob.mx/ministra/yasmin-esquivel-mossa).

En cambio, sí considero muy relevantes los discursos expositivos de los ministros M. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el M. Presidente, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, en razón de que ambos se apartan de la metodología interpretativa jurídica (digamos, Heurística) del resto de los ministros, y de invocar cada uno un enfoque pretendidamente más holístico para interpretar el proyecto. Debido a esta elección argumentativa, yo propuse que estamos en presencia de una Abducción Lógica. Su respectivo discurso difiere cada uno a su manera del núcleo jurisprudencial del resto de ministros-as; afirman la validez de un proyecto de Ley que los otros niegan frontalmente.

Partamos del concepto Abducción. Más allá de un supuesto “conteo erróneo” de los votos del pleno, queda patente la modalidad diferente de fundar el marco lógico del análisis interpretativo por ambos magistrados. Y ello tiene fundamento en los razonamientos abductivos, que pertenecen a la lógica argumentativa y discursiva. Abducir un razonamiento es un procedimiento lógico-epistémico que recurre a plantear una hipótesis plausible, que tiene visos de verosimilitud, y que una vez propuesta sirve de plataforma de lanzamiento ya sea para deducir o inducir (otras dos formas del conocimiento), conclusiones pertinentes. Más simplemente dicho, se trata de un razonamiento en el que la primera premisa es universal y verdadera, la segunda es plausiblemente probable -abducción-, y la conclusión a que da lugar, por exigencia lógica, es solamente probable.


-Siguiendo la exposición de un experto (Ver: Cfr.- Michael Hoffmann, Institut für Didaktik der Mathematik, Universität Bielefeld, Postfach 100131. D-33501 Bielefeld, Alemania. e-mail: [email protected] //(CP 8.209, c.1905). Explica: “(…) No hay sino tres clases elementales de razonamiento. La primera, que yo llamo abducción (…) consiste en examinar una masa de hechos y en permitir que estos hechos sugieran una teoría. De este modo ganamos nuevas ideas; pero el razonamiento no tiene fuerza, no es conclusivo. La segunda clase de razonamiento es la deducción, o razonamiento necesario. (…) El tercer modo de razonamiento es la inducción o investigación experimental. En donde, si las predicciones de la teoría se verifican (argumento abductivo), tenemos una confianza proporcionada en que los experimentos que aún no se han intentado confirmarán la teoría. Yo afirmo que estos tres son los únicos modos elementales de razonamiento que hay”.

Lo importante a destacar en este punto es que un razonamiento abductivo, si bien propone ideas o hipótesis plausibles, que puedan descubrir nuevos conocimientos y promuevan el espíritu creativo, no son categóricamente ciertos, y por ello son lábiles, porque su naturaleza es la probabilidad. Esta sería la nota a destacar en el razonamiento de los ministros que tenemos en cita.

1º) M. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Construye su idea o hipótesis central en la distinción entre: reglas y principios. Las primeras son de orden técnico, implican una especialidad del conocimiento, son competencia de profesionistas en ingeniería o tecnologías específicas (para el caso la energía eléctrica), así como de la Economía y aun del ramo mercantil y administrativo. Por esta razón, para efectos legales, le competen al Legislador Secundario y se pueden elevar a Políticas Públicas. En cambio, los principios son propios del ámbito jurídico-constitucional, y configuran grandes presupuestos que fincan un Antecedente del que deriva un fin de perfeccionamiento a cumplir, a obtener, en el que impera el orden de hacer algo hasta su perfección; y queda definido en la Constitución Política. Son competencia específica del Magistrado de la SCJN.

Dicho esto, es posible deducir que existen dos campos competenciales distintos y cuyas obligaciones no pueden ni deben traslaparse. Al Ministro de Justicia le compete definir si un postulado “x” se ajusta o no al orden constitucional, respetando la competencia debida a cada espacio profesional. Además, existe una individualización de cada regla en relación con el grado constitucionalmente exigible, dado que no son de libre condición legislativa – requieren de escrutinio estricto-; por lo que, en los procesos democráticos existe presunción de validez. Las Reglas deben contener un mínimo de racionalidad. Por tanto, concluye que las enunciaciones del proyecto en análisis, no se oponen ni contradicen los grandes fines que fija la Constitución, porque se trata de reglas técnico-económicas que de por sí son experienciales, graduables, perfeccionables, no absolutas ni únicas. De lo anterior puede deducirse la no inconstitucionalidad de la LIE. Ergo, si explícitamente no niegan ni rechazan los principios constitucionales, tienen validez al ser contrastadas con la Carta Magna.  

2º) M. Presidente, Arturo Saldívar Lelo de Larrea. -Su punto de partida incluye una conjetura aún más ambivalente: -Acaso el proyecto en cuestión, en tanto que diseño normativo propuesto, ¿es único? Pregunta retórica que anticipa la relativización completa del texto de contrarreforma en análisis. Para luego introducir, como hipótesis principal, la aplicación del criterio de un Test de Proporcionalidad. Cita como referentes de su argumentación, Acciones de Constitucionalidad 63/2016, Y 13/2017, en que otros Derechos humanos consagran libertades, libre competencia y libre concurrencia. Bajo tales supuestos, va derivando o deduciendo que es: – Legítimo: garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, de la CFE. Consta de un Fin válido e imperioso. Tiende a garantizar el Derecho de todas las personas a una vida digna, acceso a la electricidad, mejora continua de las condiciones de existencia.

Razón por la cual las Normas impugnadas poseen un fin constitucional válido. Se trata de una Medida de Idoneidad, en que se constata la relación empírica entre la medida y el propósito buscado. Si la medida contribuye en algún grado al cometido del fin, existe su libertad configurativa. Por ello nos planteamos que, si el Legislador posee un mayor margen de acción sistémica, entonces existe presunción de que éstas, las medidas, son verdaderas. Jurisprudencia 103/2016. Si surge la incertidumbre, deben estimarse idóneas, a no ser que sean manifiestamente falsas. Para concluir en afirmar que en el Nuevo sistema de despacho, sus reglas cumplen con esta grada. Según su razonamiento, se puede inferir que la medida persigue un fin constitucional Legítimo, y está en proporcionalidad con otros principios. Y asentando como juicio dirimente que no es racional ni proporcional decir que la competencia sea el último o único fin válido regulatorio.

La opción de estos dos magistrados, por creativa, imaginativa, plausible, verosímil que parezca. Al final, es lábil. El texto Constitucional, vigente e incólume. Su abducción argumentativa, si bien no contradice la iniciativa del Ejecutivo, sí introduce una serie de condicionales y aun dobles condicionales (si y sólo si), cuya impugnación en los previsibles Juicios de Amparo queda al escrutinio estricto de los jueces y magistrados, ya sean de Distrito o Colegiados, o la propia SCJN; cuya libertad epistémica y jurisprudencial estará ostensiblemente a prueba. [email protected]


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