Amnistía Internacional México y el #ColectivoSeguridadSinGuerra solicitan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta, un encuentro en vista de la situación actual de alto riesgo que representa la militarización del país para el ejercicio y defensa de los derechos humanos.
En la misiva le recuerdan que del 15 al 26 de noviembre de 2021, México recibió la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, y su importancia radica en que es el órgano encargado en el sistema internacional de los derechos humanos de supervisar la defensa, respeto y protección de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual fue ratificada por México, que el Comité está integrado por personas expertas independientes en derechos humanos que actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes.
“La visita del Comité ha significado un hecho de gran trascendencia, pues llevó 8 años de diálogo y negociación del propio Comité con el Estado mexicano y la lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y familiares de personas desaparecidas para que el Estado aceptara dicha visita”, señala.
Destaca que en su informe, el comité ha sostenido que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano hace tres décadas ha estado enfocado en la militarización para combatir la delincuencia, lo cual ha sido insuficiente e inadecuado. Le recomendó, de nueva cuenta, al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado.
Lo anterior se encuentra en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y constitucionales en materia de seguridad pública, que señalan que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea.
“En ese sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la naturaleza del entrenamiento de las fuerzas militares se orienta a ‘derrotar al enemigo’ y no a la protección y control de civiles. El régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y es contrario a principios del Estado de derecho, como la separación de poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles”, subraya la misiva.
Explican que desde la visión de Amnistía Internacional y las organizaciones, personas activistas, expertas independientes y académicas que conforman el colectivo #SeguridadsinGuerra están convencidos de que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares, “por tanto, vemos con profunda preocupación las declaraciones públicas realizadas por usted que fomentan el clima de violencia e impunidad imperante en el país, así como la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y colectivos en búsqueda”.
En especial los firmantes de la misiva expresan su preocupación respecto a la opinión del Ejecutivo en torno a que el comité no actúa con “apego a la verdad”, así como su afirmación de que “ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”, cuando las organizaciones de derechos humanos tienen documentada la participación de militares, incluida la Guardia Nacional militarizada, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos.
Con este contexto, más de 20 organizaciones civiles y decenas de defensores de los derechos humanos que integran el colectivo piden al presidente un encuentro para que, de forma personal, puedan presentar sus argumentos y pruebas respecto a la importancia de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país
