Centro Nacional de Identificación Humana, una simulación, otra forma de hacer necropolítica de López Obrador - LJA Aguascalientes
30/06/2022

  • El Centro será un esfuerzo técnico que va a ser una simulación y que no va a resolver la crisis forense del país: Aurelio Coronado

 

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), para la localización e identificación de las personas desaparecidas. Para esto, envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, fechada el 31 de marzo, con la finalidad de avanzar hacia un modelo que permita una búsqueda efectiva, certera y, en su caso, un trato digno de los cuerpos sin identificar.

“De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Esta obligación incluye la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Por tanto, los Estados también tienen la obligación de realizar, de oficio, una búsqueda”, añadió el presidente. 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hasta el 30 de marzo, acumulaba 98 mil 423 personas desaparecidas en diversas circunstancias. Asimismo, hay 143 mil 618 personas desaparecidas y posteriormente localizadas; por lo que el país acumuló 242 mil 41 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas. Jalisco con 14 mil 915 casos, seguido de Tamaulipas con 11 mil 916, el estado de México con diez mil 720 y Nuevo León, con seis mil 148, son los estados con mayor número de desaparecidos o personas sin localizar en el país.

Días después de esta propuesta, el 12 de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada publicó su Informe contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México, en el que señala que la estrategia para combatir la delincuencia ha sido “insuficiente e inadecuada”, y en el contexto de las desapariciones con la intromisión del crimen organizado, hay la urgente necesidad de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y de retirar al Ejército de las tareas de seguridad pública. El informe abunda en el contexto de impunidad que impera en el país.

La respuesta de López Obrador fue similar a sus respuestas anteriores, cuando organismos nacionales e internacionales critican aspectos de su gobierno: “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados, si estamos actuando con legalidad, con humanismo; si no permitiremos la corrupción y la impunidad […]. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, además de asegurar que los miembros de la ONU actúan sin apego a la verdad y además “no vieron nada” de los abusos y crímenes de Estado que se cometieron “durante el periodo neoliberal”: “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba el Ejército para reprimir o para rematar heridos”, con relación al llamado de retirar al Ejército de las calles, de parte del Comité de la ONU.

Lo cierto es que el país está en medio de una crisis criminal y forense, y que la creación del Centro es resultado de la presión internacional para que México resuelva este problema, aunado a la mediatización del caso Ayotzinapa. 

Sin embargo, para el consultor del Behavioral Sciences LAB, el psicólogo Aurelio Coronado, el Centro no es la solución para esta crisis forense, sino la formación de quienes investigan. La conformación de una metodología del análisis de la evidencia conductual y la victimología forense con perspectiva de derechos humanos, así como diseños de protocolos para la investigación de personas desaparecidas serían punto clave para erradicar la crisis forense del país.

El centro que se está proponiendo viene de una muy mala lectura de lo que es una crisis forense, la forma en la que el Gobierno Federal está entendiendo la crisis forense es como si esta se refiriera exclusivamente a la falta de material y a la falta de capacidad técnica para hacer reconocimientos muy técnicos de lo que es el reconocimiento de huellas dactilares, de la huella de ADN, reconocimiento dental, pero la crisis forense tiene raíces mucho más profundas”, comentó, al resaltar la ausencia de una debida diligencia, en general, no solamente en el tema de la desaparición de cuerpos, pues la investigación no se hace de manera adecuada porque no se sabe investigar:


“No solo tiene que ver con la falta de material o de personal, tiene que ver con la actitud del sistema de justicia, de tratar de investigar los crímenes de manera individual, de reconocer lo que las instancias internacionales indican: esto tiene que ver con el contexto de la víctima”. 

Aseguró que la investigación siempre será limitada si solamente se invierten recursos para más laboratorios o más personal, “lo que se necesita es cambiar la mentalidad, sacar al ministerio público de la investigación forense, porque a la fecha lo que sucede es que quien controla la investigación son las policías y los ministerios públicos, y los científicos simplemente están haciendo un trabajo técnico”, para lo que destacó el caso Ayotzinapa: 

“Básicamente plantaron la escena y luego llevaron a los peritos de Argentina a que recogieran el ADN, y los peritos con su experiencia al final vieron todo sospechoso. Pero imagínate que no fuesen los peritos adecuados, a los peritos les puedes plantar información, huellas, y ellos las van a recoger, porque ven su trabajo en lo individual, porque no conocen el contexto de Ayotzinapa, el contexto de impunidad, y en el caso de las desapariciones, las identificaciones, se tienen que ver como una perspectiva de derechos humanos, que el reconocimiento de esta desaparición se debe a diferentes factores, a la falta de voluntad de catalogar los cuerpos”.

Sobre el contexto de Aguascalientes, Aurelio Coronado indicó que se encuentra en la misma situación que todo México y Latinoamérica: “En Aguascalientes estamos igual, Servicios Periciales trabaja como se trabaja en cualquier parte de Latinoamérica o EU, una investigación que se basa en lo que llaman ‘prueba directa’, en concreto, una huella, una gota de sangre, un testigo, eso es el Derecho Positivo de hace mucho tiempo, cuando ahora los estándares de la Corte Interamericana sobre la investigación forense dicen que no se necesita más equipo, sino forenses que entiendan las vidas de las víctimas, los contextos, que tengan perspectiva relacionada con el género”.

En Aguascalientes, según la organización civil Movimiento por nuestros desaparecidos en México, de 2006 hasta agosto de 2020, se contabilizaron 139 cuerpos de personas sin identificar en el área de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Una nota informativa del 25 de agosto del 2021, indica que el fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, declaró que en ese momento se tenían 16 cuerpos de personas que no habían sido identificadas y de los cuales no se había logrado el cruce de información genética con los familiares. Otra nota de Proceso del 16 de marzo del 2021, narra que la familia de Miguel Valerio Esquivel lo buscó durante todo un año desde que desapareció en 2020 en Aguascalientes, mientras su cuerpo estuvo desde febrero del 2021 en el Servicio Médico Forense de Aguascalientes, casi un año antes de que entregaran a Miguel Valerio Esquivel a su madre. 

En el texto, se lee las palabras de la abogada Gloria Soto, acompañante de la familia de Miguel: “El cuerpo tenía desde febrero del 2020 en Semefo. Allí estaba el cuerpo y no lo revisaron. La Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas nunca cotejó con Servicios Periciales, pasó casi un año para que lo hicieran. Todas esas negligencias denotan la falta de coordinación, no hay en ningún área de la Fiscalía, están en un mismo edificio, ¡están a dos pisos!, y trabajan aislados, no pueden ni levantar el teléfono y llamarse entre sí. El mensaje es que no les importa nadie, ni vivo ni muerto”. Este caso ejemplifica la gravedad de la crisis forense también en Aguascalientes.

Aurelio Coronado resaltó que ahora que sobresalen los crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos, los investigadores deben entender el contexto de la desaparición y la violencia de la zona: 

“Tienen que articularlo en el contexto de lo que sucede para entender las motivaciones, las desapariciones pueden estar asociadas con el tráfico de personas, con crímenes relacionados de manera interpersonal, feminicidios, tienen que ver con muchísimos otros elementos que si se investigan de manera adecuada se va a observar que hay otras personas involucradas, no levantamos la alfombra porque nos vamos a encontrar debajo”.

Ante esto, el especialista aseguró que a lo largo del país se observa que la falta de diligencia en la investigación, pero también que “participan tanto en las procuradurías o en diferentes ambientes políticos o iniciativa privada participan de esta desaparición, esto se llama necropolítica, se refiere a cómo invertimos recursos para valorar más la vida de unos que la de otros. 

“Un Centro de este tipo es otra forma de necropolítica, no es que cualquier persona pueda desaparecer en México, no es que no se pueda identificar, sino es en contra del cuerpo de los migrantes, el cuerpo de las mujeres, de los vulnerables. Si no hacemos esta reflexión, pues esto solo será un esfuerzo técnico que va a ser una simulación y que no va a resolver el problema”.

En el artículo Reforma legal en materia forense con perspectiva de derechos humanos para atender la crisis forense, de la maestra Karla Valeria Baltazar Torres, se lee una propuesta de reforma legal en materia forense, basada en la perspectiva de derechos humanos. Señala que en la investigación criminal se reúnen datos, hechos, se realizan las interpretaciones y se generan opiniones, en ese orden, tal como el método científico señala: 

“El error frecuente que la autora ha identificado en las investigaciones forenses es que los expertos forenses realizan interpretaciones y generan opiniones antes de reunir los datos o constatar los hechos. Para ser exitosas, las investigaciones criminales deben contemplar el margen de error que las ciencias forenses tienen y los sesgos ideológicos que existen, expresados en la falta de capacidad técnica y en la metodología de la investigación por los sesgos basados en el racismo, machismo, discriminación y clasismo”.

Baltazar Torres apunta que no solo se realizan investigaciones deficientes por falta de ciencia y de capacidad técnica, sino porque carecen de la implementación del enfoque interseccional, diferencial, territorial y del modelo ecológico para la explicación de la violencia, “los cuales resultan necesarios para discutir y abordar las diversas vulnerabilidades que las víctimas enfrentan” en su condición de sexo o género, de migrantes, de edad, como personas pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas, como defensores de derechos humanos, periodistas o activistas, o discapacidad.

Karla Valeria Baltazar Torres concuerda con el análisis de Aurelio Coronado: para erradicar la crisis forense debe priorizarse la formación de los forenses en las ciencias y derechos humanos para que reconozcan las condiciones sistémicas y estructurales de la violencia, debe requerirse la participación de la sociedad civil, la aplicación de protocolos y estándares científicos internacionales en materia forense, debe replantearse el papel del experto forense: es un científico y su participación debe llevarse con autonomía. 

“La ciencia no debe estar supeditada a los intereses de las instituciones. Los científicos forenses deben investigar con exhaustividad y debida diligencia, en el marco de los derechos de las partes involucradas, a saber, el acceso a la justicia, a la verdad, las garantías de no repetición, la sanción para los responsables, la reparación integral del daño y la presunción de inocencia”.

Hasta el momento, el Centro Nacional de Identificación Humana propuesto por López Obrador solo apunta a la falta de infraestructura, de contratación de personal operativo, y a la conservación de cadáveres, lo que ha mencionado en reiteradas ocasiones el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Así conciben la crisis forense del país.

 


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Tania Magallanes
Tania Magallanes

Jefa de Redacción de LJA. Arma su columna Tres guineas. Fervorosa de lo mundano. Feminista.

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