APRO/Pedro Matías
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que al menos 10 mujeres siguen siendo asesinadas al día en el país ante la ausencia de una política estructural efectiva para su prevención, atención, sanción, erradicación y reparación integral.
Resaltaron que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021 fueron asesinadas 3,750 mujeres, niñas y adolescentes, de esos casos sólo 1,004 se investigan como feminicidio y su mayoría como homicidios dolosos.
En este 2022, tan sólo en el mes de enero, fueron asesinadas 292 mujeres, niñas y adolescentes a nivel nacional, de las cuales sólo 75 se investigan como feminicidio.
Sobre la problemática de desapariciones de mujeres en México, de acuerdo a información de Fiscalías estatales de 19 estados, de enero a diciembre de 2021 desaparecieron 10,032 mujeres, niñas y adolescentes, 2,281 continúan desaparecidas, la mayoría son menores de edad.
Pese a dos años de pandemia, el covid-19 no significó la interrupción de su labor sino que evidenció los diversos contextos de violencia en los que viven las mujeres, niñas y adolescentes; así como la ausencia de una política estructural efectiva.
Ante las deficiencias de las autoridades para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los contextos de violencia y, reconociendo la importancia de nuestra labor, en su XVIII Asamblea Nacional buscan fortalecer la articulación nacional y acrecentar los impactos positivos en la exigibilidad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Para ello refrendaron su compromiso para continuar incidiendo en la creación e implementación de políticas públicas a fin que se garantice el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; visibilizar permanentemente los diversos contextos de violencia que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en México y acompañar de manera integral casos de violencia feminicida y a las familias de víctimas.
Además de continuar la realización de su labor desde la ética feminista, apartidista y bajo el principio de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Durante su XVIII Asamblea constataron que la violencia que se vive en cada uno de los estados es brutal, y que quienes conforman el Observatorio “nos enfrentamos a un nivel de riesgo alto en represalia por nuestra labor, por lo que es necesario que nuestra labor como defensoras de los derechos humanos sea reconocida y reivindicada pero sobre todo garantizada en condiciones libres, seguras y protegidas”.
Insistieron en que “la violencia contra las mujeres no es normal, sino una violación a los derechos humanos, por lo que hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales, para que prioricen la atención a esta problemática, se asignen presupuestos, así como a la sociedad en general, para que desde diversos espacios se sumen a la construcción de un contexto más seguro para todas y todos”.
