- La ley actual es una norma que facilita el “concesionamiento” masivo a usuarios privados
- Los pueblos y las personas requieren agua para mantener su vida; lo que ahora se hace es mantener vivos los mercados
El ITESO convocó al panel Hacia una nueva Ley General de Aguas: derechos humanos, comunidades y participación ciudadana
Hace más de nueve años, el 2 de febrero de 2013, se venció el plazo para que el Congreso de la Unión promulgara una Ley General de Aguas (LGA) que articulara lo estipulado por el entonces recién reformado artículo cuarto constitucional, que desde 2012 promete a todos los mexicanos el “derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, en tanto que apuntaba al Estado como garante de este derecho.
Esa deuda no prescribe, aunque parezca que la voluntad política para saldarla se haya debilitado. En 2020, tras la presentación de cinco iniciativas provenientes de distintas trincheras y con enfoques y prioridades diferentes, las comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados determinaron analizar la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado para la Ley General de Aguas, la cual reúne las virtudes de cada iniciativa para crear un solo documento.
Dicho dictamen fue trabajado desde el Programa Nacional Estratégico “Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio-natural del agua para el bien común y la justicia ambiental” (Pronaces-Agua), el cual se constituye por representantes de la academia y es coordinado, desde el ITESO, por Mario López Ramírez, profesor investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) de la universidad.
Con la intención de analizar el momento actual en el que se encuentra el proceso para contar con una nueva Ley General de Aguas, el Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO convocó al panel “Hacia una nueva Ley General de Aguas: derechos humanos, comunidades y participación ciudadana”.
Urge renovar la legislación actual de aguas
Claudia Gómez Godoy, profesora de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, recordó que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue creada en 1992 bajo un enfoque de mercado, que puso en el centro la valoración económica del agua como recurso.
“Actualmente vivimos un contexto de contaminación y acaparamiento de aguas. En términos de cambio climático, esto implica la necesidad de cambiar las formas que hasta el momento se han utilizado para la gestión del recurso. Hay una urgencia por renovar el marco legal desde una perspectiva de derechos humanos y de sostenibilidad de los ecosistemas”, dijo.
La especialista en derechos de los pueblos indígenas desestimó los intentos que se presentaron durante esta década de incumplimiento legislativo, que únicamente buscaban hacer una ley reglamentaria del derecho humano al agua.
Para Octavio Rosas Landa, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la vigente LAN se contrapone directamente a que el derecho humano al agua de los mexicanos pueda ser cumplido.
“Esta ley fue diseñada y aplicada intencionalmente para que el agua se convirtiera en el lubricante de los negocios, pero no para garantizar el acceso pleno al agua como un derecho humano. Llevamos 30 años de vigencia de una ley que violenta los derechos”, advirtió.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, también académico de la UNAM, lamentó que la LAN haya servido de herramienta jurídica para debilitar los mecanismos de control y vigilancia estatales, y para cambiar la concepción del agua al convertirla de un bien social a un bien con valor económico.
“Es una norma que facilita el ‘concesionamiento’ masivo a usuarios privados. Los pueblos y las personas requieren agua para mantener su vida. La LAN, lo que hace es mantener vivos los mercados”, apuntó.
Francisco López Bárcenas, investigador de El Colegio de San Luis, señaló que pese a que alrededor de 23 por ciento del agua que se consume en México se capta en territorios indígenas, no existen concesiones para los pueblos indígenas porque la LAN no los reconoce.
Cambio de paradigma en la nueva propuesta
Octavio Rosas señaló que la nueva ley debe resolver los problemas que no aborda e incluso ha generado la legislación vigente. Uno de esos temas es la definición de autoridades competentes, ya sea en el orden federal, estatal o municipal.
El investigador afirmó que esta descoordinación ha derivado en una crisis de salud, que se refleja en índices de mortalidad por cáncer que superan, tan sólo en el centro del país, entre 20 y 3 mil 200 por ciento la media nacional. Otras enfermedades con presencia alarmante son la insuficiencia renal, malformaciones congénitas y diabetes.
Añadió que, si bien las causas son variadas, muchas de ellas coinciden en la contaminación del agua como factor determinante. “Lo que se generó en México fue una catástrofe sanitaria y ambiental que se ha multiplicado por todo el territorio nacional. Por eso es necesario cambiar el paradigma de la gestión y administración del agua, en la cual las organizaciones de base comunitaria y sociales puedan intervenir en la planeación, toma de decisiones y vigilancia de las propias autoridades hídricas del país”, dijo.
“Lo que estamos viendo son condiciones que están empeorando rápidamente. Si no tenemos una ley de aguas que posibilite la construcción de un sujeto social que se haga cargo de estos problemas no hay derecho humano”, añadió.
En ese sentido, Gutiérrez comentó que el dictamen recoge las riquezas de cada iniciativa, principalmente la elaborada por el movimiento Agua para Todos, y propone un documento final.
Dicha propuesta incluye la gestión comunitaria del agua, el principio de máxima transparencia y plantear un rediseño de concesiones, así como robustecer políticas a través de elementos de justicia hídrica restaurativa.
Otros puntos se refieren a promover investigación científica y tecnológica en materia hídrica, detener la degradación de flujos superficiales y subterráneos y trabajar en la eliminación progresiva de la contaminación, así como establecer medidas preventivas y sanciones a quienes destruyen o deterioran cuencas y acuíferos.
Obstáculos y pendientes
Francisco López Bárcenas advirtió que el proceso para aprobar una nueva Ley General de Aguas se da en el contexto de la segunda parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a quien no le ve interés en entrarle a fondo a este asunto.
Por ello consideró que se necesita de mayor presión social que empuje a este cambio legislativo. “Tenemos que ‘tallerear’ por todos lados, que los pueblos sientan que es su iniciativa. Cuando los pueblos se la apropien, no va a haber quien llegue a sus territorios a quitarles su agua”, dijo.
Otros obstáculos para la aprobación de esta ley son los intereses privados y empresariales que pueden hacerse patentes en las cámaras legislativas, acusó Rosas. Asimismo, señaló que existe una dispersión de acuerdos sociales, que obligaría a un cambio de visión para obtener un panorama más integral. “Muchos técnicos no tienen conocimientos sociales y muchos científicos sociales no tienen conocimientos técnicos”, mencionó.
A pesar de los avances que considera esta iniciativa, Agustín Verduzco Espinosa, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO y moderador del encuentro, compartió que aún hay faltantes en la iniciativa, como artículos declarativos que reflejen la cosmovisión del agua en el contexto mexicano y la elaboración de un reglamento más operativo que acompañe a la Ley General de Aguas.
“Desde el enfoque de derechos humanos hace falta definir el sujeto titular de derechos (…) que pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho humano al agua”, señaló, y añadió que, a su parecer, “sigue quedando lejos a las comunidades vulnerables poder ejercer su derecho humano al agua”.
