Congresistas aprobaron aumentar las penas de 5 a 10 años de prisión a las y los responsables de cometer delitos de salud pública
Durante sexta sesión plenaria ordinaria, el Pleno del Congreso de Aguascalientes, aprobó un Punto de Acuerdo, mediante el cual solicitó al Gobierno Federal transparentar la aplicación de 464 millones de pesos, que están etiquetados para la aplicación de vacunas en la entidad; además de avalar penas de 5 a 10 años de prisión, por delitos a la salud pública.
En este contexto, el Punto de Acuerdo que presentó el diputado Juan Pablo Diosdado, a través del cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Bienestar, así como a la Coordinación Estatal de Brigada Especial “Correcaminos” de Aguascalientes, a que expliquen y transparenten porque incumplieron con la obligación de registrar y documentar de forma oportuna la información relacionada con la recepción, transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de las dosis de vacunas.
Esto debido a que la Auditoría Superior de la Federación reportó que no fue posible determinar la cantidad de dosis recibidas, conforme a lo informado por Birmex sobre el registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas a su cargo.
En resumen, el promotor puntualizó que no hay certeza del paradero de más de 464.5 millones de pesos que debían ser utilizados para garantizar la salud de las y los mexicanos. La cita anterior, corresponde solamente al Informe Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación, sin consultar los diferentes Informes Individuales de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020.
Añadió que, en el rubro de Bienestar, específicamente en el apartado del Sector Salud, existen severas incongruencias entre la información proporcionada por 10 Coordinadores de las Brigadas Especiales Estatales “Correcaminos”, entre ellas las del estado de Aguascalientes, en el registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas pues existen cantidades de más, de menos, o inclusive, sin registrar. Tampoco se contó con información completa del total de vacunas recibidas y distribuidas; por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas.
Momentos antes de la votación, la diputada Ana Gómez, desde la máxima tribuna, expresó su voto en contra, al señalar que “me resulta incongruente que se exija transparencia a otras dependencias, mientras que aquí en el Congreso se actúa con opacidad en el manejo de los recursos públicos”.
El diputado Juan José Hernández manifestó su aval al Punto de Acuerdo, al considerar que es de suma importancia que se aclare el destino de ese recurso etiquetado para la compra y aplicación del biológico, “en temas de salud pública, no debe haber opacidad”.
Aumentarán penas por clembuterol
En otro orden de ideas, las y los congresistas aprobaron el dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Aguascalientes, con el propósito de aumentar las penas del tipo penal de atentados a la salud pública.
Por lo que con esta modificación al artículo 193 de dicho ordenamiento, las sanciones dependiendo de la falta llegarían de 5 a 10 años de prisión y de 500 a mil días de multa, además el responsable deberá hacer el pago total de los daños y perjuicios ocasionados.
Cabe destacar que dentro de los atentados a la salud pública destacan: comerciar o expender sustancias beta-agonistas para fines distintos a los médico-terapéuticos, administrar sustancias beta-agonistas a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano, expedir certificados oficiales de no presencia de sustancias beta-agonistas en animales o productos destinados al consumo humano, a los cuales se les haya administrado, entre otros.
A su vez, la diputada Jetsy Sánchez informó que este compuesto químico es usado legalmente para fines médicos, sobre todo para combatir enfermedades pulmonares, sin embargo, lamentó que también es utilizado en la industria cárnica para aumentar el volumen de los animales que están a la venta de la ciudadanía, acción que aclaró, afecta sobremanera la salud de las personas.
Reveló que de acuerdo con datos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, de enero a septiembre del año 2021, se realizaron siete aseguramientos de carne contaminada con clembuterol en carnicerías, rastros y puntos de venta, hechos que se registraron principalmente en los municipios de Aguascalientes y Rincón de Romos, por lo que se pronunció a favor del dictamen ya que aseguró “con la salud de la población no se juega”.
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