Amigzaday López Beltrán
El destino del fundador de WikiLeaks, confinado desde hace 12 años, se decidirá políticamente luego de que la Suprema Corte del Reino Unido pasó su caso a manos de la ministra británica del interior, Priti Patel, quien decidirá si ratifica la extradición a Estados Unidos. De ser así, la esposa y defensora de Assange, Stella Morris, advierte que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Julian Assange cerró los ojos y respiró lento para poder imaginar el color azul intenso de la costa de Amalfi, en Italia, el calor del sol, la brisa fresca, todo aquello que no ha podido sentir durante más de 12 años, los últimos tres en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Inglaterra –acusado de espionaje–, desde donde apela la extradición a Estados Unidos para evitar una condena de hasta 170 años.
La voz de la periodista italiana Stefania Maurizi, le dio ese fragmento de libertad cuando le describió el lugar donde vivía Gore Vidal, el autor de Historia del Estado de seguridad nacional, cuando le obsequió ese libro, el mismo que leía cuando los agentes de la Policía Metropolitana del Reino Unido lo sacaron de la embajada de Ecuador en Inglaterra en abril de 2019.
–¿Por qué cierras los ojos? –le preguntó Maurizi, en una de sus decenas de visitas a la embajada, donde al igual que Assange fue víctima de espionaje.
–Quiero recordar cómo es estar cerca del mar, en un lugar abierto, porque ya no me acuerdo –le confesó Assange a la periodista italiana, quien conversa con Proceso, vía zoom, desde Roma.
El fundador de WikiLeaks, la organización que en 2010 y 2011 filtró un importante volumen de documentos, principalmente sobre las guerras de Irak y Afganistán, lleva más de 12 años de confinamiento en Inglaterra –Estados Unidos lo acusa de espionaje–, dos en prisión domiciliaria, siete como refugiado en la embajada de Ecuador y los últimos tres en la prisión de Belmarsh, la más dura de Inglaterra, comparada incluso con Guantánamo, donde permanece 23 horas diarias en confinamiento solitario.
Caso político
El Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó el trámite de Assange para apelar la extradición y turnó la decisión a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel. La defensa de Julian tiene hasta el próximo martes 17 para presentar sus argumentos, y Patel decidirá dos semanas después si procede o no la extradición.
“Assange es un preso político y Boris Johnson y Priti Patel no deben extraditarlo al país que conspiró para asesinarlo. El escenario más fiable es que el Reino Unido dé luz verde a esta extradición; si eso sucede todavía tendremos la oportunidad de apelar ante el Tribunal Superior inglés, posiblemente ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estamos hablando de meses, no de años, para un resultado final… la suerte de Julian la decidirá finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explicó Stella Morris, abogada del caso y esposa de Assange, al medio italiano The Post Internazionale.
Momentos después de conocerse la decisión del Tribunal, Morris indicó ante los medios que ambos políticos “pueden detener esta pesadilla en cualquier momento y aplicar el artículo 4 del acuerdo de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos, que prohíbe la extradición por ofensas políticas. Assange debe estar libre.
“Patel tiene en sus manos probar que el Reino Unido es mejor que todo esto y acabar con la exposición de Gran Bretaña al ridículo internacional por el encarcelamiento de Julian. Hace falta valor político, pero es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera”, añadió.
La directora de Operaciones y Campañas Internacionales de Reporteros sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent, señala en entrevista con esta reportera que la extradición y el enjuiciamiento de Assange sentarían un peligroso precedente para el periodismo y la libertad de prensa en todo el mundo.
“Las próximas semanas serán cruciales en la lucha para bloquear la extradición y asegurar la liberación. De hacerlo, sería el primer editor procesado bajo la Ley de Espionaje que carece de una defensa de interés público y esa misma ley podría aplicarse a cualquier periodista o fuente que trabaje con la filtración de información clasificada”, señala tras lanzar una petición de RSF donde pide a Patel rechazar la extradición de Assange.
Maurizi, ganadora del premio Leogrande por la investigación para su libro Poderes secretos, donde reconstruye 13 años del caso Assange con información obtenida mediante litigios de acceso a la información en cuatro países –Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Australia– enfatizó que es importante para la libertad de expresión y los periodistas ganar este caso.
“Si perdemos, Estados Unidos podrá arrestar a cualquier periodista y después lo harán otros países. No es sólo un asunto de periodistas, es un asunto de todos: si no hay libertad de expresión para la publicación de información clasificada se quita el derecho a la ciudadanía a estar informada, sobre todo de los secretos sucios del Estado”, asegura la periodista que ha mantenido contacto cercano con Assange y que trabajó desde el periódico italiano la Repubblica como parte de un consorcio de medios en las filtraciones de WikiLeaks.
