Gloria Leticia Díaz
Tyler Mattiace, investigador para América Latina de Human Rights Watch (HRW), alertó que 2022 se encamina “a convertirse en el año más letal de la historia de los periodistas en México”, al sumar ocho comunicadores ejecutados en lo que va de este año, mientras que el gremio es hostigado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas.
“Cada día, periodistas valientes en todo México se exponen al riesgo de violencia o muerte para hacer su trabajo y mantener informada a la población. En vez de atacar y denigrar a los periodistas, el presidente debería respaldarlos”, resaltó Mattiace.
Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, Mattiace resaltó que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 33 periodistas han sido asesinados, de acuerdo a registros de Artículo 19.
El investigador lamentó que el presidente López Obrador “no sólo no ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias de prensa mañaneras para hostigar e intimidad a periodistas”.
Entre las preocupaciones por la situación que enfrenta el gremio, Mattiace señaló la persistente impunidad así como “la capacidad limitada” del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Explicó que de las 105 investigaciones sobre asesinatos de periodistas que ha llevado desde su creación la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), “tan solo en seis han resultado en condenas por homicidio”, de ahí que ante la impunidad “muchos periodistas recurren a la autocensura”.
Sobre las menciones hechas por el presidente López Obrador de que hay “cero impunidad” en el caso de los periodistas asesinados, la organización descartó que la presentación de personas identificadas en las conferencias de prensa matutinas como presuntos responsables de algunos de los homicidios de periodistas, signifique acceso a la justicia.
Según HRW es parte de un “teatro del orden público”, porque la exhibición de los casos en las conferencias del presidente “se trata de individuos que han sido detenidos por autoridades estatales o federales, pero que todavía no han sido juzgados o condenados por estos delitos y, en ocasiones no han sido llevados ante un juez”.
Retomó información de la organización México Evalúa, que resalta que “la mayoría de las investigaciones penales no avanzan más allá de la investigación inicial, incluso cuando las autoridades han identificado presuntos responsables, prueba de ello es que sólo 2.5% de las investigaciones penales en 2020 resultaron en una vinculación a proceso, y menos de 0.3% llegaron a un juicio oral, de manera que 95% de todos los crímenes nunca se esclarecen.
HWR destacó que, a estas deficiencias en el sistema de procuración de justicia, se debe sumar la “actitud hostil” que mantiene el presidente López Obrador hacia los periodistas independientes.
“A menudo (López Obrador) señala abiertamente a periodistas que critican su gestión, mencionando sus nombres y otros datos personales durante las conferencias de prensa matutinas, y acusándolos de ‘corruptos’ o ‘criminales, con la presunta intención de hostigarlos e intimidarlos”, destacó HRW.
La organización recordó que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha exhortado a López Obrador a que ponga fin a la intimidación de la prensa y reconozca la crisis de violencia contra los periodistas en México”.
Apuntó que en ese sentido la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó que “el hostigamiento oficial es un factor estructural que contribuye a la violencia contra periodistas” alentando al gobierno de México a “encabezar una campaña nacional que reconozca el papel positivo que tienen los periodistas y defensores de derechos humanos”.
La organización hizo un balance del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene un registro de mil 45 beneficiarios; de las dificultades presupuestales que tiene; de la muerte de nueve defensores y periodistas que contaban con medidas de seguridad proporcionadas por el Estado, y del proyecto gubernamental para reformar el Mecanismo.
HRW recordó que “los gobiernos tienen la obligación conforme al derecho internacional de proteger la libertad de prensa, lo cual incluye adoptar medidas para prevenir los ataques contra periodistas y asegurar que dichos ataques sean investigados y sean juzgados”.
