- Muchas organizaciones prefieren reducir su impacto social y político antes que incurrir en fallas fiscales
La imposición de leyes fiscales cada vez más restrictivas dificulta que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México trabajen con autonomía y generen el impacto social para el que fueron creadas.
Esa fue una de las conclusiones del panel “Los dimes y diretes de los retos fiscales para las OSC”, dentro del marco del Décimo Congreso Hemisférico de Fundraising Latinoamérica, organizado en el Iteso por la Asociation of Fundraising Professionals (AFP), que representa a organismos de filantropía de todo el mundo que recaudan más de 115 mil millones de dólares al año.
Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos y uno de los participantes en el panel, afirmó que se ha vuelto más caro y difícil administrar una OSC en México, pues sus integrantes se ven obligados a enfocarse más en aspectos administrativos y fiscales que en ayudar a los grupos vulnerables de la sociedad, como las personas con discapacidad, los adultos mayores o las mujeres violentadas.
“Hay un afán por quitarnos una dosis de autonomía y está en riesgo cuando se le da más peso a lo adjetivo que lo sustantivo. Da más miedo un correo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que el proceso de recaudación”, señaló. “Muchas organizaciones prefieren reducir su impacto social y político antes que incurrir en fallas fiscales”.
De acuerdo con el también analista político, la creciente restricción al trabajo de las OSC en México se acentuó con la actual administración federal, que busca el monopolio de la filantropía y controlar a los grupos sociales beneficiados por las OSC para fines electorales.
“El Estado mexicano dice: ‘Aquí nadie puede tener más clientelas que yo’, e impone reglas cada vez más complejas para ser el único que pueda hacer el bien”, señaló.
Juan Sánchez Pérez, oficial de servicios jurídicos del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), afirmó que las leyes fiscales que rigen a las OSC deben armonizarse y corregir lo que está mal para permitir su desarrollo.
Puso como ejemplo el artículo 138 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual estipula que las OSC sólo pueden utilizar cinco por ciento de sus ingresos por donativos para cubrir gastos administrativos, es decir, pagar la renta de oficinas, electricidad, contratar personal y otras erogaciones cotidianas fundamentales.
Sin embargo, la misma legislación fiscal permite que 20 por ciento de los donativos se destinen a gastos operativos, por lo que se ha solicitado que se aumente de cinco a 25 por ciento el porcentaje de los donativos para la operación diaria de las OSC.
Tanto Chacón como Sánchez mencionaron que la poca claridad y las mayores limitaciones de las leyes fiscales que norman a las OSC generan incertidumbre, tanto en las asociaciones como en los donantes, por lo que es necesario capacitarlos en las nuevas disposiciones de la Miscelánea Fiscal.
“Tenemos precaución, y en algunos casos miedo, y muchos donantes también sienten miedo al decir: ‘¿En qué me estoy metiendo?’, o ‘Me va a causar problemas con mis negocios’. Tenemos que ser asertivos y ayudar a las organizaciones que no tienen acceso a opiniones expertas, para que les digan a sus donantes que estén tranquilos”, dijo Chacón.
ITESO
