Jesusa Cervantes
Grupos de colectivas que participaron en la manifestación del 1 de mayo por la muerte de la joven Debanhi Escobar y que devino en el incendio de oficinas de la Fiscalía General del Estado exigieron el cierre de carpetas de investigación en su contra y no criminalizar el movimiento feminista.
Minutos después de la conferencia de las jóvenes, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que los daños por el incendio tendrán un costo de entre 5 y 6 millones de pesos, además de que los hechos deben ser investigados.
“Lo que sucedió en el edificio lleva una cantidad arriba de los 5 o 6 millones de pesos, evidentemente se tiene que investigar por los destrozos que hubo en el inmueble…”
Luego de ello, aseguró que respalda la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero no por métodos igualmente violentos.
La noche del 1 de mayo, integrantes de las colectivas Fuimos las Morras, Las Borders, Cimarronas con Glitter y Las Centinelas, además de colectivos de madres buscadoras de sus hijos, realizaron una manifestación en el centro de gobierno.
De ahí, se trasladaron hacia las oficinas de la fiscalía donde entrada la noche un grupo no identificado de personas quemó un bote de basura y rompió los vidrios de las puertas, lo que llevó a la propagación del incendio y éste se salió de control.
Una hora después de apagado el incendio, a dos kilómetros de distancia del lugar, sin orden de aprehensión y sin identificarse, un grupo de elementos de la fiscalía detuvo en diversos vehículos a un total de 10 mujeres, de ellas dos menores de edad y un hombre.
Minutos después, mujeres policías arribaron al lugar a exigencia de las jóvenes, a algunas las esposaron y las llevaron a las oficinas de la comandancia local. Ahí, las ficharon, las desnudaron delante de algunos hombres, las torturaron sicológicamente diciendo que las encerrarían, las mantuvieron horas contra la pared y las violentaron verbalmente.
Todo lo anterior quedó documentado en la revista Proceso del 21 de mayo pasado donde Ana, Gresia, Montserrat y Ruth, narraron el acoso que enfrentaron por los agentes policiacos, además de afirmar que ellas no provocaron el incendio y dijeron desconocer a las mujeres encapuchadas que se ven en el video realizando destrozos en la fiscalía.
Dichas imágenes fueron mostradas el día de la detención por los propios agentes.
A mes y medio de los acontecimientos, a las jóvenes no les han regresado sus pertenencias, sus autos siguen detenidos, y aunque se les aseguró que solo las habían detenido en calidad de testigos, fueron fichadas.
Actualmente existe una carpeta de investigación abierta contra nueve personas bajo el delito de daños en propiedad ajena.
Durante la conferencia, la jóvenes reiteraron que su detención fue arbitraria, ilegal, sin orden de aprehensión, las acorralaron, las ficharon y les tomaron fotos a sus tatuajes.
Y luego preguntaron: “si dicen que no somos imputadas ¿porqué hicieron todo eso y porque nos ficharon?”
Insistieron en exigir el cierre de la carpeta de investigación en su contra y el que se les regresen sus pertenencias.
Por otra parte, el fiscal, Ricardo Iván Carpio, informó hace un mes que había una denuncia en contra de los agentes que habían realizado la detención de las 10 jóvenes y el varón.
