Sara Pantoja
A tono con la embestida del gobierno federal contra el INE, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que adelgaza al órgano electoral local y que –a juicio de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– traerá mayor opacidad y, peor aún, abrirá las puertas al financiamiento de las campañas por parte del crimen organizado. Por eso los partidos amagan con impugnar incluso en instancias internacionales.
Luego de la polémica aprobación de las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y fusionar, entre otras unidades, la de Fiscalización de recursos de los partidos políticos, diputados locales de oposición advierten que ello traerá mayor opacidad y abrirá la puerta hasta al crimen organizado para financiar las campañas electorales en el 2024; con ello, dicen, en un futuro no muy lejano en la capital y en el país podría ocurrir algo similar a lo que vivió Colombia en los años 80 y 90.
Para evitar eso y “frenar las intenciones del gobierno federal de controlar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)”, así como defender la autonomía del IECM, ya preparan controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para presentar ante instituciones locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso, algunos no descartan acudir a la Organización de las Naciones Unidad (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 27 de mayo, en una sesión ordinaria que duró 26 horas seguidas y estuvo plagada de vicios parlamentarios y hasta chistes y pasteles de cumpleaños, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 37 votos a favor y 19 en contra, el dictamen presentado por Morena para eliminar o fusionar cinco áreas del IECM: la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y la Unidad de Fiscalización.
La iniciativa, que desde el inicio llevó la anuencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se presentó con el argumento de “adelgazar” al IECM en cumplimiento de la “Ley de Austeridad” y ahorrar 52 millones 436 mil pesos al año de su presupuesto. Dicha cantidad representa 4.36% de los mil 201 millones 84 mil 647 pesos de presupuesto asignados para 2022.
También significa el despido de 107 trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad, cuyas indemnizaciones –que se elevarían a más de 100 millones en conjunto, según cálculos de diputados– no se ha informado de dónde se pagarán.
Además, se dio en el contexto de la crisis financiera que, desde el año pasado, padece el IECM y que heredó su nueva presidenta, Patricia Avendaño, el 27 de octubre del 2021. Peor aún, la modificación ocurre en medio de una tendencia de reducción presupuestal aplicada al inicio de la gestión de Sheinbaum: de 2 mil 20 millones 180 mil 767 pesos en 2018, bajó a mil 425 millones 479 mil 792 pesos en 2019 y a mil 275 millones 479 mil 792 pesos en 2020. Y aunque en 2021, año electoral, aumentó a mil 586 millones 601 mil 874 pesos, en 2022 bajó 385 millones 517 mil 227 pesos.
Tania Larios, diputada local del PRI y quien presentó más de mil reservas al dictamen, manifiesta su preocupación porque las funciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de vigilar el financiamiento a partidos políticos y el uso de recursos públicos en las campañas electorales, serán asumidas por la Comisión Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Asegura que esa unidad requiere de personal especializado y, con su modificación, advierte, “ya no se va a poder comprobar ni fiscalizar el ejercicio de las elecciones del 2024, que serán muy competitivas, muy cerradas. Vamos a estar en un estado de orfandad y desamparados ante recursos de dudosa procedencia y malos manejos que no van a ser ni justos, ni equitativos ni parciales”.
Peor aún, “lo que me preocupa más, dadas las declaraciones en distintos estados de la República, es que el crimen organizado sea el operador y el que financie las campañas de los aspirantes a representantes populares. Lo dije en tribuna: eso es lo que va a llegar y permear en la ciudad y en el país”. Recuerda que en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac hay presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en el país. Eso “es gravísimo si vemos a otros países en América que vivieron esto, como Colombia. ¡Vamos para allá!”.
En ese riesgo coincide Ricardo Rubio, diputado local del PAN, quien el día de la votación presentó una moción suspensiva de 461 páginas, cuya lectura llevó más de ocho horas. “La Unidad de Fiscalización va a caer en inoperancia y será un desviadero de recursos, o va a haber recursos del narco o va a haber recursos de empresarios metidos en las elecciones. Todo lo irregular que te puedas imaginar se va a dar sin que se pueda revisar, fiscalizar o transparentar”, advierte.
También existe peligro de que haya dinero mal habido en las próximas elecciones. Y suelta: “Lo que va a pasar es que Morena va a hacer lo que quiera, va a ser tierra de nadie. Por eso le están dando un duro golpe a la democracia en la Ciudad de México, están desmantelando al IECM”.
Royfid Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano, recuerda que en el proceso electoral del 2021 “se redujeron las auditorías en calles de bardas, espectaculares, eventos masivos por parte del Instituto Nacional Electoral, en colaboración con el IECM, porque se les venía reduciendo el presupuesto. Si eso, además, se traduce en reducción de personal especializado en fiscalización, genera una oportunidad inmensa para que partidos políticos, sobre todo los que tienen más recursos, puedan generar mayores gastos sin pasar por fiscalización. Ese es el riesgo”.
Jorge Gaviño, legislador local del PRD, reconoce que lo aprobado por el Congreso fue una intromisión y violación a la autonomía del IECM de autodeterminar el uso de su presupuesto. “Haberle cambiado las estructuras administrativas, aunque las facultades se mantienen, nada más se trasladan de una unidad a otra, implica una intromisión del legislativo a los órganos autónomos sin consultarlos con foros o mesas de trabajo”.
