APRO / J. Jesús Esquivel
El gobierno de México, argumentando el respeto a la “separación de poderes”, pidió a la Corte Federal de Massachusetts, desestimar el argumento de los ocho fabricantes de armas a los que tiene demandados, porque la querella abriría otras demandas extraterritoriales.
En una misiva enviada al juez Dennis Saylor, a cargo del caso de la demanda de México contra los armeros, los abogados del gobierno de México insisten en que este caso al ser aceptado y procesado en juicio generará una cascada de litigios a nivel nacional e internacional.
Las empresas estadounidenses fabricantes de armas demandadas por México, han pedido a Saylor desestimar la demanda en base a la instrumentación jurídica de la ley sobre Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
Los demandados mantienen la posición de que la PLCAA les da inmunidad ante cualquier demanda de una nación extranjera y que de proceder con el juicio al que aboga México, la violación de la ley produciría acciones similares en contra de ellos por otras entidades.
Utilizando un precedente legal ocurrido en una Corte Federal de Nueva York, los abogados del gobierno mexicano exponen al juez que “la interpretación de la PLCAA corresponde al Congreso federal de Estados Unidos y no las cortes”.
Firmada por los abogados, Steve Shadowen y Jonathan Lowy, la misiva a nombre del gobierno de México acota sobre el asunto de la extraterritorialidad que “la presunción en contra de esto refleja el incumplimiento de la separación de poderes”.
La demanda civil del gobierno del gobierno mexicano en contra de los fabricantes de armas los acusa de que de manera irresponsable con sus productos han empoderado al narcotráfico y crimen organizado de México y causado con ello muerte y terror a la población del país.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostiene que cada año entran a la nación entre 500 a 800 mil armas de todo tipo fabricadas en Estados Unidos y que estas están involucradas en miles de homicidios de ciudadanos mexicanos.
La posición del gobierno de México por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que además de que se celebre el juicio, los ocho fabricantes de armas compensen con unos 15 mil millones de dólares a los familiares y víctimas de los mexicanos afectados por la violencia.
Las armerías demandadas por México son: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
Se espera que en los próximos días el juez Saylor emita su fallo sobre si procede con el juicio como quiere el gobierno de México, o desecha la demanda como desean los fabricantes de armas estadounidenses.
