La facilidad con la que muchas personas abrimos la llave del agua nos ha hecho olvidar que este preciado recurso es escaso, por lo que con frecuencia la usamos de manera indiscriminada. Por ello, la creación de políticas públicas debe girar en torno a un eje fundamental: el cuidado al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, así como su adecuada extracción, almacenamiento y distribución, en especial, del agua potable. Con esta preocupación, esta semana presentaré ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes. En las siguientes líneas detallaré en qué consiste esta iniciativa.
De acuerdo con diversos estudios, la cantidad de agua dulce que existe en el planeta es de alrededor de 1,385 millones de kilómetros cúbicos, pero el recurso renovable disponible es únicamente de 400 mil kilómetros cúbicos. De esa cantidad, México solo cuenta aproximadamente con el 0.1% del agua dulce a nivel mundial, un porcentaje que lo convierte en un país con baja disponibilidad del vital líquido, con una gran parte del territorio catalogada como semidesértico. Aunque la mayoría de las ciudades del país provee agua a su población mediante recursos hidráulicos provenientes de lagos, ríos y presas, es necesario tomar en cuenta el aumento constante y progresivo en el consumo per cápita de este recurso en nuestro país: en 1955, cada persona consumía un promedio de 40 litros al día, contra los 280 litros promedio que consumió cada mexicano en el año 2012. Estas cifras resaltan la importancia de mejorar tanto los procesos de extracción como de distribución, a efecto de garantizar el cumplimiento de un derecho humano y promover medidas que aseguren la viabilidad de los sistemas de distribución de agua en el largo plazo en las ciudades mexicanas.
Para nuestro estado, el agua ha sido parte fundamental de su crecimiento y desarrollo, tanto así que la entidad federativa toma su nombre de las aguas termales que hasta hace algunas décadas existían en toda la región; sin embargo, en la actualidad, Aguascalientes sufre por la escasez de este recurso, ya que es el único estado en el país que depende en su mayoría de la extracción de aguas subterráneas. Estudios realizados por la CONAGUA (2018) sitúan a Aguascalientes y a sus mantos acuíferos entre los diez más explotados del país, superando incluso a los que abastecen a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estos mismos estudios revelan que en 2018 se extraía hasta un 50% más del agua de la que los pozos podían recargar de manera natural. Esta sobreexplotación ha provocado que en la actualidad se tenga que perforar a más de 600 metros de profundidad, lo que trae como consecuencia que el vital líquido tenga una elevada cantidad de metales pesados, como arsénico, flúor y mercurio, altamente dañinos para la población. Este es un problema generalizado en todos los municipios del estado, ya que actualmente el agua de 56 pozos contiene un porcentaje alarmante de metales, lo que incrementa los costos derivados de los procesos de filtración que garanticen la salud de las personas; sin embargo, estos factores ponen en riesgo la viabilidad de los sistemas de distribución de agua potable.
Los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI (2022) mostraron además que existe un déficit en la calidad de atención en la provisión del servicio de agua en Aguascalientes. En general, el 44% de la población está satisfecho con la provisión del servicio, debajo del promedio nacional. Apenas un 48% cuenta con un suministro constante del servicio, también por debajo del promedio a nivel nacional. En el 29.2% de los casos, el servicio de agua potable proviene de un pozo comunitario, lo cual es casi dos veces superior a lo reportado en el país. Finalmente, solo dos de cada diez ciudadanos manifestaron que confiaban en beber agua potable sin temor a enfermarse. Este conjunto de cifras aporta motivos suficientes para explorar cambios legales con el fin de lograr mejoras en la gestión de los sistemas de distribución de agua, en lo particular la atención a los consumidores.
Por esta razón, es importante contar con procesos administrativos que privilegien la mejor atención a la ciudadanía, al igual que la aplicación justa y legal de tarifas, como medios para sostener otras medidas que garanticen un adecuado uso de los recursos hídricos. Garantizar que la población sea la principal beneficiaria de los sistemas de distribución de agua, en lugar de los concesionarios, es el principal objetivo, ya que si las personas perciben abusos en ciertas prácticas administrativas por parte de los administradores o concesionarios de los sistemas de distribución de agua potable, además de resultar en costos económicos adicionales, provocará un menor compromiso ciudadano hacia los programas de cuidado del agua.
Para la elaboración de la iniciativa que presentaré ante el Congreso, conté con la colaboración y el trabajo de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA). En una serie de reuniones de trabajo, el personal de esta dependencia manifestó diversas inquietudes y propuestas, además de comentarios invaluables, que nos ayudaron a crear una iniciativa que persigue un objetivo primordial: crear las condiciones para proteger la provisión del servicio de agua potable para las próximas generaciones.
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