Aguascalientes: Activos, los tentáculos del exprocurador Felipe Muñoz - LJA Aguascalientes
01/08/2022

 

Mónica Cerbón

 

Pese a las denuncias documentadas por la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el caso que implica al exprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y su equipo por actos de tortura contra decenas de personas sigue sin resolverse. Los agraviados externan su preocupación, no sólo por la actitud negligente de las autoridades, sino porque, dicen, algunos de los viejos colaboradores del poderoso exfuncionario están en activo y otros podrían incorporarse al gobierno de la panista Teresa Jiménez Esquivel, quien asume en dos meses.

 

 

 

La mañana del 14 de diciembre de 2020, el abogado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, procurador de Aguascalientes de 2010 a 2015, compareció ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos de tortura en agravio de siete personas, en actos en los que él y su equipo de trabajo presuntamente participaron durante ese periodo.

 


El imputado negó los cargos y solicitó al Ministerio Público tomar en cuenta informes médicos, peritajes psicológicos y el resultado de otras investigaciones por esos mismos casos que, dijo, fueron cerrados sin ejercer acción penal, según su declaración consultada por Proceso.

 

Es la única vez que Muñoz Vázquez ha respondido ante las autoridades ministeriales por imputaciones en su contra hechos por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según su recomendación 17VG/2019.

 

Las propias víctimas comentan que en su momento algunos jueces y médicos aportaron a la dependencia que encabezó el acusado pruebas de la tortura de los detenidos e incluso presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA). De 2019, cuando los casos comenzaron a investigarse, a la fecha no ha habido resultados, dicen los agraviados.

 

Según la CNDH, peritajes médicos y psicológicos emitidos por la entonces Procuraduría fueron omisos en consignar las torturas que, en algunos casos, hicieron que las víctimas permanecieron semanas hospitalizadas. La falta de transparencia en la actuación de la procuraduría cuando Muñoz Vázquez estuvo al frente de la dependencia, hace que las pruebas que él pide tomar en cuenta no sean confiables.

 

En la recomendación de la CNDH se acreditaron 19 víctimas y el único funcionario señalado con nombre y apellidos es precisamente Muñoz Vázquez, quien –de acuerdo con los testimonios analizados por la institución– presuntamente participó de manera directa en las golpizas. “Especial preocupación generan los testimonios, tanto de víctimas como de exservidores públicos, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en dicho lugar”.

 

El caso sigue abierto no sólo porque los agraviados, quienes padecen secuelas físicas y emocionales, no han obtenido justicia, sino porque en los años recientes aumentan los testimonios contra el exprocurador y su equipo. Son más de 200 las personas que afirman haber sufrido tortura por personal de la procuraduría estatal, la mayoría durante 2011, año en el que, según la narrativa oficial, una disputa entre cárteles de la droga afectó a la entidad.

 

A finales de junio pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) difundió el informe Hasta perder el sentido, el cual destaca que entre 2011 y 2014 en Aguascalientes hubo “una práctica sistemática de tortura y malos tratos… planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la procuraduría estatal”, un delito que no prescribe.

 

Durante ese periodo, al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) sobrevivieron a las palizas, quemaduras corporales, violencia sexual y psicológica, arraigo prolongado y otras violaciones a sus derechos humanos para obligarles a culparse de delitos que no cometieron. Hoy, 30 de esas víctimas permanecen en prisión.

 

Según el informe, en 17 de los casos “un alto funcionario” participó o estuvo presente durante las torturas. Algunos de los señalados trabajaban en la propia procuraduría; otros, en la Defensoría Pública del estado. Muchos siguen en funciones en la actual Fiscalía General del Estado (FGE), en el gobierno estatal o en el Poder Judicial.

 

 

 

Los carpetazos 

 

En 2019, tras la publicación de su recomendación 17VG/2019, la CNDH anunció que interpondría una denuncia penal contra quien resultara responsable por las graves violaciones a derechos humanos y recomendó a la Fiscalía, entre otras cosas, investigar a su personal.

 

Pero las indagatorias no prosperaron debido a un amparo promovido en 2020 por el propio Muñoz Vázquez. El informe de la ONU-DH indica que ese amparo dejó de tener validez el 25 de febrero de 2022, por lo que el caso contra el exfuncionario se reactivó, confirmó Jesús Figueroa Ortega, quien hoy está al frente de la FGE.

 

Hasta ahora, la dependencia ha desechado la acción penal contra los presuntos responsables al menos en tres ocasiones.

 

La ONU-DH asegura en su informe que la antigua procuraduría fue parcial en sus investigaciones. Para las víctimas y personal de la dependencia, una de las razones es que muchas de las personas señaladas aún son funcionarios en activo.

 

La recomendación de la CNDH sostiene que el 22 de septiembre de 2015 dos ministerios públicos resolvieron que no había delito que perseguir en una carpeta de investigación que incluyó el testimonio de 10 víctimas.

 

De acuerdo con documentos consultados por Proceso, el 28 de febrero de 2022, Esther Zapata Azpiri, entonces directora de investigación en la FGE, determinó cerrar una carpeta de investigación que acumulaba cuatro denuncias por el delito de tortura.

 

El documento también está firmado por Mireya García Luévano, actual fiscal especializada en materia de tortura, quien determinó “archivar en definitivo la averiguación previa, por considerar que no existe delito alguno que perseguir”.

 

Ligada al PRI, partido que gobernó mientras Muñoz Vázquez fue procurador, Zapata Azpiri fue Ministerio Público cuando él era procurador. Se jubiló recientemente.

 

Lo mismo pasó el 17 de marzo de 2022, cuando la FGE determinó cerrar la carpeta de investigación CI/AGS/08579/04-21 sin ejercer acción penal contra los posibles responsables de torturar a cinco personas en aquellos años; algunos de los testimonios forman parte de la recomendación de la CNDH o del informe de la ONU-DH.

 

El documento está firmado por Juan Antonio Zermeño, actual vicefiscal de Investigación de Delitos. De acuerdo con su currículum, él fue defensor público de 2011 a 2015, cuando ocurrieron las detenciones y torturas.

 

Zermeño fue defensor público de Maricela Sánchez, detenida en 2011 cuando era policía municipal y es una de las víctimas más visibles de Muñoz Vázquez y su equipo. Ella afirma que Zermeño no la representó de manera adecuada, por lo que estuvo recluida durante casi seis años.

 

“La ONU-DH recibió información preocupante sobre el rol que habrían tenido los defensores públicos al momento de ‘asistir’ a la persona detenida para su declaración. Algunos de los testimonios describieron su conducta como totalmente pasiva, pero en 10 casos revelaron la complicidad activa de su defensor”, señala el informe.

 

Sobre este punto el fiscal Figueroa Ortega se mostró contrariado y afirmó que Zermeño ya no estará vinculado con las indagatorias, pues esa tarea la llevará a cabo una oficina especializada en temas de tortura. No obstante, la oficina que investigará los casos está a cargo de Mireya García Luévano, quien, según las víctimas, sólo se ha encargado de revictimizarlas y hostigarlas.

 


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