Ezequiel Flores
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que fueron sancionados ocho distribuidores de medicamentos por incumplir con las normas de salud federal en los estados de Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Yucatán.
A través de un comunicado oficial, la Comisión advirtió que los ocho distribuidores incurrieron en diversas irregularidades, entre ellas, el hecho de no permitir la visita de verificación y también por registrar un establecimiento inexistente, así como carecer de infraestructura y equipamiento para mantener la temperatura óptima de medicamentos.
Además, de no contar con sistema definido de inventario y la presencia de fauna nociva, dando como resultado la suspensión temporal de los establecimientos, refirió la Cofepris.
A través de un comunicado oficial, la Comisión exhibió el nombre de las empresas irregulares y su ubicación, entre los que se encuentran: Quimilabtec, Ethomedical y Germancy, en Nuevo León; Oncofarmacos de México y Suministros Médicos Estrella, en Jalisco; Banco Farmacéutico, en Sinaloa; y Hemiflo, en Yucatán.
Al respecto, la Cofepris recomendó a pacientes, población en general y compradores de medicamentos, consultar la Plataforma Oficial de Distribuidores Irregulares de Medicamentos para asegurarse de que su proveedor no esté en el listado porque puede representar un riesgo directo a la salud.
Los posibles riesgos por el consumo de medicamentos ilegales van desde falta de efecto terapéutico por no contener la sustancia activa; desarrollo de enfermedades como consecuencia del suministro de sustancias no estériles o tóxicas, y agravamiento de la enfermedad por la suspensión de tratamiento efectivo”, alertó la Comisión.
También, informó que el 29 de julio se lanzó la lista de distribuidores irregulares de medicamentos y a la fecha suman 44 distribuidores sancionados.
Además, se emitió una Alta Directiva Sanitaria, que establece los controles que deben cumplir las empresas dedicadas a la distribución y comercialización de insumos para la salud con el propósito de prevenir que productos falsificados, alterados y/o adulterados lleguen a las personas, causando afectaciones a la salud y a la economía.
