- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha posicionado sobre la limitante para desempeñar cargos
- El Interés Superior de la Niñez es un aspecto que debe ser velado en toda legislación
Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ley 3de3 contra la violencia de género en Yucatán en la que establece que ninguna persona podrá ostentar un cargo público cuando esta sea un deudor alimenticio bajo el argumento que se están limitando otros derechos.
“Yo esperaría, en atención también a las últimas resoluciones que ha atendido la corte, que han sido protectoras y de mucho entendimiento respecto a la violencia de género que se vive en el país, la violencia sistemática y la discriminación histórica que se ha venido viviendo; yo esperaría que sea protectora de los derechos de las mujeres”, comentó la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), Yessica Janet Pérez Carreón.
Enfatizó que la SCJN ha emitido posicionamiento sobre algunas legislaciones que prevén alguna restricción para el acceso a alguna función pública por ser deudores alimentarios o por haber cometido delitos en específico concluyendo en que esta no debe ser una limitante.
Explicó que los derechos humanos frecuentemente se están confrontando, es decir, el ejercicio de unos se confronta con otros derechos. En esto, la corte ha señalado que se deben establecer las ponderaciones de derechos en donde se justifique la limitante de un derecho para que se pueda ejercer otro.
En ese sentido, recordó que el Interés Superior de la Niñez es uno de los aspectos primordiales a atender y que se tienen que observar cuando se analiza cualquier reforma que influyen directamente en ellos.
Es pertinente que se analice cómo ha avanzado la propuesta 3de3 contra la violencia de género pendiente a ser dictaminada en el Congreso del Estado, así como la postura de los actores involucrados
