- Urgente reparar el daño integralmente y garantizar que este tipo de casos no se repitan
- Necesario dar con el paradero de los estudiantes que faltan por localizar
El informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, además que es necesario dar con el paradero de los estudiantes que faltan por localizar, reparar el daño integralmente y garantizar que este tipo de casos no se repitan, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al referirse al reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el gobierno del presidente López Obrador hace tres años.
Expuso que las recientes órdenes de aprehensión dictadas a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el que fuera procurador general y contra mandos militares, policías municipales y estatales, entre otros, son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen.
“Tras casi ocho años de lucha por la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los avances mostrados confirman, una vez más, que hubo una política intencional de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. El devastador informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México”. Recalcó Guevara Rosas.
Destacó casi ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de tres personas más y la tortura y persecución en contra de estudiantes, las autoridades mexicanas han mostrado avances en las investigaciones sobre la política de encubrimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la cual se construyó una “verdad histórica”, que fue una investigación plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes, con la determinación absoluta de ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
“Los recientes avances son el resultado de la lucha incansable de las madres, padres y familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y el destacado y arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos que los han acompañado. El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos sobre la desaparición forzada de los estudiantes, así como fortalecer a las instancias del Estado dedicadas a la investigación de este atroz crimen, lo cual contribuye positivamente al saldo de la deuda después de casi 8 años. Es momento también de adoptar políticas integrales para atender la grave crisis de personas desaparecidas, que ya rebasa las cien mil personas, en un país atravesado por la injusticia y la impunidad,” dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. Además, México aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México. El 19 de agosto, bajo pedido de la Fiscalía General de la República, se dictaron órdenes de aprehensión contra el ex-Procurador Jesús Murillo Karam, encargado de las investigaciones iniciales, “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa,” y contra “20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
