- Presenta Verónica Romo iniciativa para homologar la Alerta de Violencia de Género en Aguascalientes
- Se conforma un grupo interdisciplinario y multidisciplinario que tiene un plazo de 30 días para emitir recomendaciones
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) consiste en establecer un conjunto de acciones que debe emprender el estado con la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia de feminicida o algún agravio equiparado. Con ello se buscaría garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra o eliminar las desigualdades producidas por políticas públicas.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), actualmente este tipo de alertas se han emitido en 25 entidades.
En Aguascalientes, el artículo 25 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes da las bases para emitir la Alerta de Violencia de Género, sin embargo, no tiene un procedimiento asentado en la misma ley para su emisión.
Por ello, la diputada Verónica Romo Sánchez presentó una iniciativa para modificar dicha norma para que de esa manera el estado mexicano retome medidas presupuestales y administrativas enfocadas en esta acción.
Busca además homologar la norma local con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se tiene una definición más amplia de la violencia feminicida.
Con esto se reconoce que dichas alertas deben emitirse de manera pronta y expedita atendiendo a una urgencia de acuerdo con hechos documentados y al territorio de la misma, es decir, se emitiría cuando se tenga un incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a la integridad y seguridad de las mujeres; cuando se tenga omisiones reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia.
Cuando se emite una alerta, se debe conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario integrado por Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asociaciones civiles y los solicitantes de la alerta. Este grupo valorará y emitirá recomendaciones para mejorar las acciones. Tendrían un plazo de 30 días naturales para analizar los hechos denunciados.
