German Marte
Se llama “Operación Medusa”. Se trata del caso de corrupción más complejo conocido por la justicia en la República Dominicana y donde el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez (2016-2020) figura como cabecilla de una red mafiosa que desfalcó al Estado con más de seis mil millones de pesos dominicanos (más de 109 millones de dólares). Entre los implicados se cita a la senadora mexicana Alejandra Lagunes.
De acuerdo con el expediente acusatorio que consta de 12 mil 275 páginas, más de 3 mil 400 pruebas, 400 testigos, 41 personas implicadas, incluido el exprocurador, y 22 empresas, los acusados van desde los principales funcionarios de la Procuraduría durante la gestión de Rodríguez, una hermana, un hermanastro, así como varios de sus amigos de infancia y compañeros de estudios. A la red criminal se le acusa de conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad y ciberdelito, además de asociación de malhechores y lavado de activos.
El escándalo ya le costó el cargo al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla –empresario muy cercano al presidente Luis Abinader–, quien solicitó una licencia por tiempo indefinido; la empresa Mac Construcciones, de su propiedad, fue contratada para la edificación de la cárcel Las Parras, mejor conocida como La Nueva Victoria, en la comunidad de San Luis, en Santo Domingo Este.
Según los investigadores, todas las licitaciones para participar en la construcción de la citada cárcel fueron amañadas y los “ganadores” eran obligados a entregar un aporte (coima) equivalente a 20% del contrato.
Hasta la fecha las autoridades han recuperado alrededor de 800 millones de pesos dominicanos (14.5 millones de dólares), entre dinero y bienes incautados o devueltos por los implicados en la trama, cuya conexión, según testimonio de uno de los acusados, llegaba hasta la “Casa Grande” (el Palacio Nacional, sede del gobierno).
“Granjas de bots”
De acuerdo con la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la senadora Lagunes –excolaboradora de Enrique Peña Nieto, quien la nombró coordinadora nacional de Estrategia Digital durante su gobierno– habría recibido pagos por dos millones de dólares para realizar trabajos de manipulación en las redes sociales a favor del entonces procurador, quien además tenía aspiraciones presidenciales.
Otros mexicanos citados en el expediente son: Ricardo Fernández Audiffred, José Antonio Galicia Ramos, Salvador Cacho, Sergio Manuel Solache Vásquez, Paloma Alejandra Franco, Daniel Pineda Ibarra y Jorge Luis Díaz González.
También Gonzalo Argudin Muñoz, Abril Vásquez Rojas, José Antonio Quiñonez, Rafael Osorio Cacho, Paloma Sánchez Ramos, Arturo Guillermo Ocaña y Silvia Zafra.
Como parte de sus aspiraciones políticas, Rodríguez Sánchez, nombrado procurador por el presidente Danilo Medina en 2016, creó un ambicioso equipo de publicidad, propaganda, ataques, defensas y promoción de su imagen que revelan la magnitud del entramado.
“Este equipo se componía por el tradicional Departamento de Prensa y Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, los asesores españoles, los mexicanos o tequilas, contratados de manera ilícita y en una operación típica de lavado”, precisa el expediente.
El equipo mexicano estaba liderado por la hoy senadora mexicana Alejandra Lagunes, que actuaba también en coordinación con “el equipo de apoyo desde el Ecuador”, y el asesor dominicano Miguel José Moya.
Estos tenían a su cargo la Unidad de Redes Sociales que se encargaba de la “granja de bots”, algunas publicitarias locales y las firmas encuestadoras que medían el posicionamiento de la figura del exprocurador y la imagen de la organización.
Las autoridades sostienen que desde las “granjas de bots” se crearon 18 mil cuentas falsas para inducir tendencias, hacer ataques a personalidades que ejercen su derecho a la libre expresión, así como defensa en torno a la figura de Rodríguez Sánchez.
Este equipo –se agrega en el expediente– trabajaba para lo que se conoce como vigilancia de “La lista de los detractores”; a tales fines organizaron un plan para seguir, hostigar, vigilar y atacar en las plataformas digitales a periodistas, líderes de opinión e influencers.
El blanco de los ataques serían los reconocidos periodistas y comunicadores Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Ricardo Nieves, Sergio Carlo, Lucienne Carlo, Somos Pueblo, Laura Díaz y Daury Santana, entre muchos otros de una larga lista.
“A estos líderes de opinión e influencers se les montaba vigilancia, campo de ataque, acoso en redes sociales y difamación”, dice la acusación.
Explica que la unidad estaba conformada por un equipo ubicado localmente en un apartamento incautado y se dedicaba a manipular las tendencias de favorabilidad hacia la figura del exprocurador en las redes sociales. Se creaban cuentas falsas o “bots” que hacían comentarios positivos en torno al exprocurador y criticaban o enfrentaban a los que consideraban detractores.
Dice el expediente que el citado equipo se encargaba de desarrollar campañas negativas contra esos comunicadores y cualquier otra persona de interés señalada por Rodríguez Sánchez.
