En 2018 Andrés Manuel López Obrador fue electo para ocupar la titularidad del poder ejecutivo a nivel federal. En ese entonces, el nuevo presidente había anticipado varias estrategias y acciones que su gobierno tomaría para atender la inseguridad que se vivía en el país, uno de los problemas más graves que diariamente sufre la población mexicana.
Las promesas que hizo AMLO fueron plasmadas en el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. Uno de los ejes principales en el discurso del actual presidente fue distanciarse de lo hecho por sus predecesores, evitando replicar las mismas estrategias que llevaron a la militarización y ocasionaron perjuicios como impunidad, punitivismo, persecución, revictimización, violaciones a derechos humanos y demás.
Los puntos principales del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 son los siguientes
- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
- Garantizar empleo, salud y bienestar
- Pleno respeto y promoción de los derechos humanos
- Regeneración ética de la sociedad
- Reformular el combate a las drogas
- Emprender la construcción de paz
- Recuperación y dignificación de las cárceles
- Seguridad pública, seguridad nacional y paz
Estando en 2022, a más de la mitad de su gobierno, es claro que varias de las promesas y objetivos del presidente no se han cumplido o al menos no completamente. Las estadísticas que otorgan las propias instancias públicas muestran que no han logrado disminuir los actos violentos y en algunos casos, han aumentado respecto a otros sexenios.
Además, en ciertos ámbitos las acciones tomadas desde el gobierno federal van en sentido opuesto a lo mencionado en un principio. Un claro ejemplo es la militarización de la seguridad nacional, pues lejos de devolver las corporaciones militares a sus cuarteles, se les ha dado más facultades y prerrogativas.
Militarización de la seguridad pública
En su campaña electoral, Andrés Manuel había afirmado que, en caso de ser presidente, alejaría las corporaciones militares de las tareas de seguridad pública. No obstante, cambió el rumbo de sus políticas, argumentando que en las instituciones policiacas existe corrupción.
Para atender los problemas de inseguridad, violencia y criminalidad en México se instauró la Guardia Nacional. Esta tendría un mando civil y sería de carácter policial, encargándose de las tareas que antes hacía la Policía Federal. El objetivo de crear una nueva organización era eliminar los vicios presentes en organizaciones anteriores y permitir que las instituciones militares regresaran a sus funciones previas.
Sin embargo, poco a poco la Guardia Nacional llegó a convertirse en una extensión de la política de militarización, con los efectos e inconvenientes que esto conlleva. Las violaciones a derechos humanos, opacidad y falta de mecanismos de rendición de cuentas son consecuencias directas de esta estrategia, las cuales se han experimentado por años en este país.
En este sentido, cabe recordar el asesinato de un estudiante universitario en Guanajuato a manos de un elemento de la Guardia Nacional, ocurrido en abril de este mismo año. De acuerdo con la organización gubernamental, el vehículo en el que viajaba el joven se retiró del sitio donde estaba estacionado de manera precipitada al notar la presencia de la GN, ocasionando desconcierto e incertidumbre.
Por ello, el agente en cuestión decidió abrir fuego de manera unilateral, causando la muerte del estudiante de 19 años e hiriendo a su acompañante. Posteriormente, esta persona fue detenida, sin embargo la Fiscalía General de la República decidió no vincularlo a proceso y obtuvo su libertad.
Implementación de la Ley de Amnistía
Otro punto a tener en cuenta es la Ley de Amnistía, impulsada por AMLO. Esta fue establecida en abril de 2020, destinada a que grupos históricamente vulnerados tengan acceso a la justicia, sobre todo aquellos que fueron encarcelados sin haber pasado por un proceso debido.
Si bien esta iniciativa fue aplaudida y reconocida por diversos actores de la sociedad, en especial aquellos que reclaman sistemas judiciales que tomen en cuentan principios restaurativos, a poco más de dos años de haberse implementado no ha dado los resultados deseados.
Se pueden contabilizar varios obstáculos para que las personas privadas de su libertad puedan alcanzar la amnistía. Entre ellos, la falta de difusión en centros penitenciarios, sobre todo teniendo en cuenta a la población que no habla español. Asimismo, el tiempo de respuesta de las solicitudes, poca transparencia y difícil seguimiento de los procesos pendientes ha provocado que sean muy pocas las personas beneficiadas por esta ley.
La Ley de Amnistía es uno de las promesas del presidente que sí llegaron a cumplirse, sin embargo queda claro que su ejecución tiene muchas deficiencias. Las instituciones gubernamentales y judiciales deben incorporar mecanismos adecuados para garantizar que los individuos privados de su libertad puedan acceder a la misma.
Erradicar la corrupción en organizaciones de seguridad
En el discurso y acciones del presidente se ha repetido constantemente un objetivo claro: erradicar la corrupción. Varias de sus políticas e iniciativas van encaminadas hacia este fin, no obstante al día de hoy este problema sigue presente en las instituciones públicas. Un ejemplo son las corporaciones de seguridad, como lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el INEGI.
De acuerdo a la ENSU, correspondiente al segundo trimestre de 2022, el 67.4% de las personas mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El mismo levantamiento estadístico indica que el desempeño de las autoridades para solucionar esta situación es deficiente.
La encuesta exhibe que en el primer semestre del año en curso cerca del 13% de la población mayor de edad a nivel nacional tuvo algún contacto con autoridades de seguridad pública. De estas personas, 43.1% manifestó que experimentó algún acto de corrupción en estos encuentros.
En otras palabras, cerca de la mitad de la población que se acercó o fue abordado por algún elemento de seguridad pública fue víctima de corrupción. Este es uno de los motivos principales por los cuales en México existe desconfianza en las autoridades, lo que a su vez desencadena otros problemas, como la falta de denuncia de delitos.
Todos estos elementos demuestran que las acciones gubernamentales diseñadas para atender la grave crisis de violencia en el país son inadecuadas e incluso viciosas. Las acciones del presidente no han dado los resultados adecuados y, por el contrario, parece que van dirigidas a profundizar los problemas de inseguridad que viven millones de mexicanas y mexicanos.
