Si nos vamos al diccionario, la acepción más básica de meritocracia es el sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. El mérito no es sino el reconocimiento que se le da a alguien por el valor o la importancia que tiene lo que ha hecho. Dice la enciclopedia colectiva en red que “las jerarquías son conquistadas por el mérito, y hay un predominio de valores asociados a la valoración de la capacidad individual frente a los demás y por tanto del espíritu competitivo frente al modelo de perpetuación de las jerarquías de poder por el nacimiento y la herencia”.
Viene lo anterior a colación por una reflexión que, sobre todo actualmente, se viene dando dentro de las diferentes corrientes de pensamiento. Siempre será preferible que se acceda a niveles superiores jerárquicos por méritos propios que por la compra de los puestos (muy común en el periodo histórico del Renacimiento, por ejemplo), por nepotismo o por recomendación, e incluso por méritos ajenos. Pensemos en lo antidemocrático que resulta que un monarca reine en un estado, simplemente por ser hijo del rey o de la reina, sin cuestionar el por qué. Por otro lado, la discusión se centra en que, bajo determinadas circunstancias y en algunos escenarios, el acceder a un puesto de poder a través de los méritos genera desigualdad y abre la brecha entre aquellos que no tienen el privilegio de formar parte del grupo para que sean reconocidos sus méritos.
En el caso que quiero plantear, no es así.
La reforma político electoral de 2014, varias veces comentada en este espacio, trajo consigo entre otros aspectos novedosos, un renovado sistema para la integración de las autoridades estatales locales. Para las personas que no estén enteradas, anteriormente se seleccionaba a las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral por una convocatoria emitida por el Congreso local, con criterios de selección que obedecían a lo singular de aquella época. A partir de 2015 en Aguascalientes, particularmente, se inició con un procedimiento más equitativo y, sobre todo, estandarizado con las instituciones electorales de todo el país, para seleccionar a esas autoridades.
Además de la premisa de homologar los procedimientos, se tenía en mente la salud institucional de que las y los consejeros que accedieran a la mesa de sesiones, lo hicieran desprovistos de una relación, existente o no, con las autoridades locales, y en todo caso, llegaran a partir de su trayectoria y sus méritos. Estas bases se fueron perfeccionando y, en estos siete años a partir de entonces, el consejo se ha renovado en tres ocasiones (la integración inicial y dos veces por mitad), cerrando el ciclo con la renovación de la presidencia.
No es casual que hubiera empezado esta columna como lo hice, y no hablaré de que, en su momento, accedí a la presidencia del Instituto Estatal Electoral atendiendo a la convocatoria y luego de un riguroso proceso, sino de la consecuencia natural del mismo en la renovación de la más alta responsabilidad electoral estatal.
Como fue del conocimiento de propios y extraños, el Consejo General del INE deliberó para nombrar a Clara Beatriz Jiménez González como la presidenta del Instituto Estatal Electoral para el periodo de 2022 a 2029, y creo firmemente que no pudieron tomar mejor decisión. Amén de que todas las participantes tenían los méritos suficientes para desempeñar tan importante cargo, en la Licenciada Jiménez González, se demuestra que la tenacidad y la capacidad van de la mano en el camino al éxito.
No cometo alguna infidencia si menciono que Bety, como la conocemos desde hace muchos años, es la persona que tiene la mayor antigüedad en el Instituto Estatal Electoral, desde prácticamente la transición de Consejo Estatal Electoral, por el contrario, ello demuestra que a lo largo de más de dos décadas se ha sabido mantener en la actividad ascendiendo, por méritos propios al ocupar diversas posiciones dentro del organigrama y, más importante aún, se ha actualizado constantemente hasta llegar a ser una experta en la materia.
Lo que viene en materia electoral para Aguascalientes es la elección concurrente de 2024 en la que, además de la presidencia de la república, diputaciones federales y senadurías, elegiremos localmente diputaciones y ayuntamientos. Como siempre, no será un reto menor sino (y así será cada vez) la elección más grande y la más importante en la historia política, no solamente por los cargos en disputa sino porque de nueva cuenta y como debe ser, se pondrá a prueba el sistema electoral, prueba en la que, me atrevo a anticipar, el Instituto Estatal Electoral saldrá avante, toda vez que la presidencia queda en las mejores manos.
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