- Durante el 2021, se atendieron 15 mil 193 casos, la mayoría fue en materia penal
- Se desconoce cuál fue el término de los casos en los que se la defensoría pública acompañó al imputado o a la víctima
Aguascalientes es la octava entidad en la que menos se destina presupuesto para la defensoría pública o de oficio. Durante el 2021, se destinó un presupuesto superior a los 27 millones de pesos con el que se atendió a 15 mil 193 casos, lo que representa un aumento del 23% con respecto al ejercicio anterior.
La defensoría pública es un órgano autónomo con el que se busca garantizar el pleno acceso a la justicia a quienes no pueden contratar servicios legales de manera privada ya sea por condiciones vulnerables de indefensión, condición económica, social o cultural.
En 26 entidades, los organismos de defensa pública o de oficio se encuentran a cargo de la administración estatal. En Aguascalientes existe el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado (IADPEA) el cual cuenta con nueve unidades de defensoría distribuidas en el territorio; en recurso personal cuenta 31 defensores públicos, ocho asesores jurídicos y tres peritos.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al IADPEA se le asignó un presupuesto de 27 millones 638 mil 181 pesos para el ejercicio 2021 colocando a Aguascalientes como la octava entidad en la que menos se designa recursos para la defensa pública y de oficio, esto a pesar de haber tenido un aumento de 3 millones de pesos con respecto al ejercicio anterior.
Durante el 2021 dieron trámite a 13 mil 613 asuntos y admitieron mil 580 servicios jurídicos, aumentando en un 23% el trabajo que se realizó. La mayoría de los trámites que se iniciaron fue en la materia penal con más de 13 mil asuntos; le siguen los mil 069 casos que se atendieron en lo mercantil. La justicia para adolescentes, la justicia en materia civil y penal son las otras áreas en las que se dio servicio.
A pesar de ser una información solicitada por el INEGI, no se detalla qué fin tuvieron los casos a los que se les brindó un servicio de defensa pública y tampoco específica cuántos de los servicios brindados fue a presuntos responsables o víctimas de los delitos señalados.
