La comunidad de San Pablo Güilá, en los Valles Centrales de Oaxaca, ha encontrado en la producción de cannabis medicinal una manera de subsistir. De manera legal, un centenar de campesinos tiene permisos de la Cofepris, para cultivar y procesar la planta de mariguana. Sin embargo, aún les espera un largo camino para obtener licencias de producción a gran escala. Mientras los legisladores mantienen en suspenso aspectos secundarios de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, a la sombra de los cultivos se oculta un pasado ominoso que podría convertir este esfuerzo en cenizas.
Un ventarrón acaricia un frondoso cultivo de cannabis. Los chapulines saltan entre las hojas que Juan Cruz López inspecciona con sus manos huesudas; con una captura a los insectos y con la otra pellizca una que otra rama para multiplicar las flores.
Hace algunas semanas las raíces del cannabis medicinal que cultivó se extendieron en el bokashi, un sustrato orgánico rico en nutrientes para el desarrollo de la planta. Los esquejes –seleccionados cuidadosamente de una planta madre– apenas están desarrollando grandes hojas con cinco puntas. Como el suelo es rico en nitrógeno, las plantas adquieren un color verde intenso, parecido al de las auroras boreales.
“Es medicinal, tiene poco THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo)”, explica Juan frente a sus plantas, un grupo de esquejes de Cherry CBD, una variedad de mariguana híbrida con alto contenido de CBD (cannabidiol, una sustancia anticonvulsiva y desinflamatoria), pensados para crear un brebaje medicinal de exportación.
Así como ha aprendido nuevos métodos de cultivo, también lleva una bitácora donde guarda anotaciones sobre su evolución, garantizando así la trazabilidad de las plantas. Al igual que Cruz López, en los traspatios –lay lo patx ro yuu, en zapoteco– al menos 800 productores en la región del Valle Central han dispuesto camas de cultivo donde han sembrado clones de cannabis medicinal.
Fue en abril último cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó los primeros 26 permisos para realizar los cultivos mediante la Asociación Indígena de Productores de Cannabis (AIDPC), constituida el 27 de enero de 2020. Desde entonces los campesinos exhiben una fotocopia del permiso en sus jardineras.
A sus 61 años Juan todavía recuerda a los soldados que maltrataban a las personas que se dedicaban a crecer la planta en los setenta, cuando se cultivaba entre los pliegues de la sierra a modo de guerrilla o en medio de la milpa –maíz, calabaza, frijol y chile–. Pero actualmente afirma que no tiene miedo de cultivar.
“Antes corríamos al cerro, porque temíamos a los militares; llegaron a violar a las mujeres. Entraban a las casas sin orden de cateo, detenían al que encontraban y se llevaban lo poco que uno tenía. Actualmente eso ya no sucede, ya no tememos a que los militares lleguen a las casas”, dice Juan como si sus recuerdos estuvieran anotados en una bitácora de agravios.
Roberto Carlos Cruz Gómez, de 28 años, presidente de la AIDPC, ha documentado hemerográfica y testimonialmente varios episodios de violencia en Güilá. Según sus cálculos, en la comunidad de seis mil habitantes la mitad sufrió el asedio militar.
