El diario El País ha publicado una serie de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que ubican a Omar García Harfuch en las primeras reuniones entre autoridades correspondientes al caso Ayotzinapa.
El actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aparece como uno de los participantes en unas juntas entre funcionarios federales y estatales. Estas se habría llevado a cabo entre el 7 y 8 de octubre de 2014, en los días posteriores a la desaparición forzada de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.
En ese momento Harfuch se desempeñaba como comisario de Gendarmería de la Policía Federal en Guerrero. El listado de nombres en las minutas que ha publicado El País incluye al general Alejandro Saavedra, comandante en jefe del Ejército en Guerrero, al procurador de justicia del Estado, Iñaki Blanco y otros funcionarios. Destaca la presencia de Tomás Zerón, director en la época de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría (AIC) y actual prófugo, acusado de tortura, desaparición forzada y otros delitos.
Hay sospechas de la participación de García Harfuch en el encubrimiento de la desaparición de los normalistas. Estas provienen del testimonio de Bernardo Cano, asistente de Tomás Zerón, el cual aseguró que en estas reuniones comenzó a crearse la Verdad histórica, una versión falsa de los hechos presentada a la sociedad mexicana.
Además, el actual jefe de policía en la CDMX aparece en una lista de contactos de quien sería el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, hoy detenido. Otro indicio son las declaraciones de un testigo protegido, integrante del mismo grupo criminal, quien mencionó a la Fiscalía que Harfuch recibía un pago de 200 mil dólares mensuales por facilitar el tráfico de drogas, dinero y armamento.
Ante estas versiones, Omar García ha expresado que él no estuvo involucrado en las reuniones o en la formulación de la formulación de la Verdad Histórica. Menciona que se encontraba en Michoacán al momento de los hechos, negando cualquier participación en la desaparición forzada y el encubrimiento.
El gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República ha aceptado que se trató de un Crimen de Estado, indicando que continuarán con las investigaciones correspondientes.
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