Nadie sabía nada… ni en el mismo PRI cuando el viernes 2 la diputada priista Yolanda de la Torre presentó la iniciativa para prolongar cuatro años más la intervención militar en seguridad pública –mantenida por López Obrador–. La propuesta, sorpresivamente apoyada por el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, y por el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, ha causado una división con los senadores del PRI, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, pero también una fractura con sus aún aliados PAN y PRD, comprometiendo el futuro de la coalición Va por México para la elección del Estado de México en 2023 y para la presidencial en 2024.
El 31 de agosto último, legisladores del PRI, PAN y PRD, tras un encuentro en la Cámara de Diputados, reivindicaron las proclamas antigobiernistas, especialmente duras en la voz de Rubén Moreira Valdez, líder de la bancada priista, que en esa jornada fueron eje discursivo de la coalición Va por México: ser un contrapeso al poder y mantener la llamada “moratoria constitucional”, es decir, la negativa de aprobar cualquier propuesta de reforma que enviara el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el viernes 2 –un día después del Informe presidencial–, una iniciativa impulsada desde el mismo PRI en San Lázaro, que propone ampliar la intervención militar en tareas de seguridad pública hasta 2028, causó que la coalición Va por México cayera en su peor momento de unidad y que, por primera vez, su vigencia entre en una “suspensión temporal”.
El origen de la iniciativa, de acuerdo con testimonios recabados por este semanario, fue resultado del cabildeo entre priistas y el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
El diferendo de estos días ha comprometido el acuerdo electoral para que fueran juntos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, preludio de los comicios presidenciales de 2024, pues desde el PAN surgen voces, como la del gobernador queretano, Mauricio Kuri, quien exigió a su partido romper en definitiva con el PRI y PRD por la pérdida de confianza en el tricolor.
No es la primera crisis de dicha coalición, creada bajo los auspicios del empresario y activista Claudio X. González a finales de 2020, con un propósito electoral que se extendió hacia la alianza legislativa, con la idea de participar juntos en las elecciones federales intermedias, los comicios en 23 estados y la presidencial de 2024.
Sorpresa entre aliados
El viernes 2 no hubo tiempo para reclamar por la iniciativa presentada por la priista Yolanda de la Torre, pues por la noche la bancada de Morena impulsó la dispensa de trámites y procedimientos para ir directamente a la votación de un paquete de reformas enviadas al Legislativo por el presidente López Obrador, que en síntesis proponen que la Sedena tenga el control operativo y administrativo, incluidos los recursos financieros, de la Guardia Nacional. La sesión se prolongó hasta casi el mediodía del sábado 3, marcada por la tibieza priista en el debate.
No obstante, los panistas tomaron nota de la iniciativa de De la Torre, y de los gestos empáticos con cuchicheo explícito que el jueves 1 el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo con el diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
De acuerdo con el vicecoordinador panista, Jorge Triana, la presentación de la iniciativa los sorprendió. Los diputados del PAN, dice a Proceso, no tenían ningún atisbo, información ni signo de que el PRI fuera a presentar esa propuesta de reforma constitucional; no hubo siquiera un comentario sobre el tema.
En medio de la vorágine que representó la transición al segundo año de la LXV Legislatura y al inicio del periodo ordinario de sesiones, fue hasta el domingo 4 que, de visita en Puebla, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, fijó una posición, diciéndose sorprendido de la iniciativa de Yolanda de la Torre, y exigiendo a los partidos de la coalición que cumplieran con su palabra.
La iniciativa de la discordia consiste en reformar el Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional que creó la Guardia Nacional, aprobada en 2019, y que implicaba que durante los cinco primeros años hasta el 27 de marzo de 2024, en los que la Guardia Nacional desarrollaba su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podría disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Pero eso no se logrará y, por ello –según la diputada priista–, propone ampliar el plazo hasta 2028.
Para PAN y PRD la propuesta supone una falta a la “moratoria constitucional” y favorece al gobierno del presidente López Obrador, quien, por su parte, saludó la iniciativa y hasta alentó –en la mañanera del martes 6– a que el PRI se separe de sus aún aliados.
En este contexto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lleva más de cuatro meses envuelto en el escándalo que semana a semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, detona con la revelación de conversaciones privadas, en las cuales el priista hace gala de la presunta comisión de delitos que, a su vez, la Fiscalía de Justicia de ese estado judicializa y, por lo cual, solicitó un proceso de desafuero a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
