Gloria Leticia Díaz
Ante la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), Miriam Estrada-Castillo, urgió a México “anular” la figura consagrada en la Constitución, por ser contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
En un pronunciamiento fechado en Ginebra, la experta recordó que “en múltiples ocasiones” ese organismo, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, de la ONU, así como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recomendado a México la desaparición de la prisión preventiva oficiosa o automática.
“México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años”, señaló la experta.
Recordó que desde 2018 el GTDA, “a través de sus opiniones y comunicaciones, ha insistido a México sobre la necesidad urgente de solucionar este problema estructural, ofreciéndole asistencia técnica necesaria al gobierno en repetidas ocasiones”.
Para la experta, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que obliga a jueces a decretarla cuando el Ministerio Público acusa a personas de uno o más delitos considerados en el Artículo 19 constitucional, “ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
Agregó que desde las consideraciones internacionales, la prisión preventiva oficiosa es “contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención”, a lo que se suma que se pone en riesgo la integridad de la persona sometida a esa medida cautelar “y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Al señalar que “a pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria”, Estrada-Castillo resaltó que uno de sus efectos es que “muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario”, por lo que su anulación, permitiría “apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario”.
La presidenta del GTDA insistió en que aún considerando “los desafíos que enfrenta el gobierno en materia de seguridad pública”, la figura de la prisión preventiva oficiosa “pone a México en franca violación a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
