De 1993, cuando asumió como gobernador el priista Manuel Cavazos Lerma, a la fecha ningún mandatario tamaulipeco ha estado exento de las sospechas de tener vínculos con el narco. El forcejeo de los últimos días entre el saliente, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su sucesor, Américo Villarreal Anaya, de Morena, es el capítulo más reciente de esas funestas sospechas.
Desde 1992, cuando ganó la elección Manuel Cavazos Lerma, del PRI, hasta 2022, con Américo Villarreal, de Morena, la entidad ha estado bajo el velo de una funesta correlación entre las administraciones estatales y el narcotráfico.
Con Cavazos se inició una seguidilla de mandatarios priistas vinculados con la delincuencia organizada. Siguió su delfín Tomás Yarrington, quien a su vez heredó la posición a Eugenio Geño Hernández –los dos están detenidos por narcotráfico–. Egidio Torre, quien buscaba sustituir a Eugenio Hernández fue asesinado una semana antes de la elección, por lo que asumió la candidatura su hermano Rodolfo, quien resultó un gris mandatario.
Luego tomó el mando el PAN, con Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo mandato fue puesto en vilo por denuncias por su supuesta relación con el Cártel del Golfo, según la declaración de un lavador de Yarrington, identificado como Antonio Peña Argüelles, que testificó ante una Corte Federal de Texas.
A su vez, la Fiscalía General de la República solicitó el año pasado a un juez del Estado de México una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto del proceso de desafuero contra el ahora exgobernador.
Y ahora llega Américo Villarreal Anaya, de Morena, con acusaciones sobre su presunta relación con la delincuencia organizada. Días antes de rendir protesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le limpió el nombre a Villarreal, al exonerarlo de las acusaciones que se le imputaban.
El tribunal desestimó las acusaciones mencionadas en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-101/2022 promovido por Acción Nacional, que pedía anular la pasada elección. El recurso, que fue desechado, señala el supuesto financiamiento por parte del asesinado empresario Sergio Carmona a la campaña de Villarreal y de sus presuntos nexos con Los Zetas, el Cártel del Golfo y con la Columna Armada Pedro J. Méndez.
Y es precisamente con esas dos últimas organizaciones con las que fue asociado el panista García Cabeza de Vaca durante todo su sexenio
Villarreal, quien asumió el sábado 1 de octubre, cuenta con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo considera un hombre “recto, de fortalezas, con arrojo”. Hoy, Villarreal asume el reto de, dice a Proceso por escrito, “desmontar un ecosistema criminal que se alimenta de la corrupción, la violencia y los negocios ilícitos”.
El analista político e historiador José Ángel Solorio, considera que ya es tiempo de que el gobierno federal fije su atención en Tamaulipas, para que le quité a los criminales el control de las fronteras por donde pasan drogas y mercancías ilegales.
Sucesiones tutoradas por el narco
El resultado de la elección del pasado 5 de junio, en la que la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVM) se impuso con Villarreal Anaya se prolongó angustiosamente hasta el 28 de septiembre, tres días antes de la toma de protesta.
El relevo de García Cabeza de Vaca se dio en medio de las sospechas de la intromisión del narco en el gobierno, como ha ocurrido en los últimos 30 años en Tamaulipas.
Esas sospechas vienen desde 1993, cuando el priista Manuel Cavazos Lerma sustituyó a Américo Villarreal Guerra, padre de quien el sábado 1 asumió el cargo bajo el emblema de Morena.
En aquella época se acusó a Cavazos, integrante del sindicato de gobernadores del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, de presuntos de nexos con Juan García Ábrego, líder máximo del Cártel de Matamoros. Los señalamientos contra el gobernador priista los hizo el exalcalde de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo, quien fue asesinado en 2007.
Solorio Martínez, con maestría en historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, comenta a Proceso que en el sexenio de Cavazos Lerma se consolidaron los grupos criminales, aunque para entonces aún no reclamaban posiciones en la estructura de gobierno.
Cavazos colocó a Tomás Yarrington Ruvalcaba como su sucesor. Primero lo hizo alcalde de Matamoros y luego su secretario de Hacienda. Durante su administración (1999-2004), Yarrington inició la entrega de espacios públicos a los narcos, dice el académico y editorialista.
Recuerda que Yarrington inició su administración con el abogado Jorge Max Castillo, quien fue vinculado al Cártel del Golfo (CDG) en una investigación de la PGR contra Tomás y Eugenio en la que se cita a un testigo protegido de Estados Unidos identificado como Óscar, quien aseguró que en 1998 dio dinero a alcaldes en reuniones en las que estuvieron Yarrington y Castillo.
Otro de los procuradores de Yarrington, José Guadalupe Herrera Bustamante, fue mencionado en la misma averiguación de la entonces PGR (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009), instancia que citó al funcionario cuando éste ya se había convertido en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas para que explicara el origen de más de 22 millones de pesos que presuntamente habría recibido como parte de las operaciones que realizaron los exgobernadores.
En 2012 la Procuraduría General de la República giró contra Yarrington una orden de aprehensión por el delito de narcotráfico, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Se le acusaba de recibir sobornos de la agrupación de Matamoros desde 1998. Fue detenido en 2017 en Italia, a donde llegó con nombre y pasaporte falsos, y trasladado a Texas, donde espera sentencia, que podría ser de hasta 20 años.
Con Eugenio Hernández Flores, sucesor de Yarrington, se consolidaron el CDG y Los Zetas en todo el estado. De la mano de Yarrington Hernández Flores fue diputado federal, alcalde de Ciudad Victoria y ocupó la gubernatura entre 2005-2010.
“Con Eugenio se expande el crimen organizado en áreas gubernamentales y de influencia política. Algunos candidatos del PRI y del PAN empiezan a recibir financiamiento directo de estos personajes de la frontera. Es cuando empiezan a cobrar y vender candidaturas, del PRI, principalmente, con diputaciones locales y federales y hasta a financiar gobernadores, si no directamente, sí de soslayo”, dice Solorio Martínez, con relación a los capos del CDG asentados en la zona limítrofe con Texas.
El analista recuerda la cercanía del Geño Hernández con Ricardo Gamundi Rosas, dirigente estatal del PRI, durante su sexenio. Después, Gamundi Rosas fue subsecretario general de Gobierno, y a la postre investigado por lavado de dinero y peculado, de acuerdo con la misma indagatoria que involucra a los exmandatarios priistas con el narcotráfico. Era el interlocutor del gobernador con los cárteles de la droga, dice.
