De pronto un ruido, un motivo de celebración.
Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia.
Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso runrún:
“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común…”
Run rún – Nacho Vegas
La manifestación del pasado 13 de noviembre, realizada en unas 40 ciudades del país, pudo reunir–en conjunto- a alrededor de medio millón de personas. En ésta hay varias lecturas para aquilatar el momento actual del Sistema Político, mismo que no se explica sin la historia rastreable hasta, al menos, cuatro décadas atrás. Sin ir tan lejos, la democracia perfectible y mejorable que ahora tenemos es gracias a las luchas de los partidos opositores al poder, sobre todo en tiempos del Modelo de Partido Hegemónico.
Para empezar, han sido ocho las grandes reformas que ha tenido nuestro sistema electoral, desde 1977 hasta 2014. La reforma que se discutirá en el legislativo federal será la primera que se impulsa desde el poder, sin la realización previa de consultas, foros, o diálogos abiertos entre las fuerzas implicadas. Al contrario, todas las reformas anteriores vinieron desde las fuerzas y partidos de la oposición. Es decir, de abajo hacia arriba; desde quienes no ocupan el poder hacia quienes ejercen el mando político legalmente constituido.
En cambio, esta iniciativa de reforma ha sido impulsada por el poder autócrata del ejecutivo federal, y secundada por toda su feligresía. Es decir, se trata de una iniciativa sin consultas ni consensos, que parte de la ideación personal de quien ejerce el poder, para realizar la reestructura de un organismo autónomo que, por supuesto, debe mejorar; pero que –no por ello- debe poner en riesgo la construcción ciudadana y la preservación de la democracia. En principio, la autocracia es lo opuesto a la democracia.
Previo a la manifestación, el presidente de la república mostró desprecio a los opositores de la reforma. En la última semana, el ejecutivo se ha referido a los opositores como: rateros, cretinazos, déspotas, hipócritas, deshonestos, lambiscones, racistas, clasistas, aspiracionistas, hipócritas, sabiondos, o ladinos, sólo por rescatar algunos adjetivos que el comandante supremo de las fuerzas armadas del país utiliza de ordinario contra quienes no piensan como él. No hay consenso, sino insulto. Ante esto, la manifestación no fue unívoca, sino variopinta, agrupando a diversos grupos.
De este modo, el domingo 13 de noviembre, se manifestaron las diversas versiones de la oposición a López Obrador, desde intelectuales y académicos que –con argumentos sólidos- se oponen tanto a la forma como al fondo de la reforma, o miembros de la sociedad civil organizada que advierten del retroceso democrático implicado en la autocracia; así como grupos privilegiados que (con más extravío y entusiasmo que inteligencia) todavía reprochan a AMLO ser “comunista”, hasta los primitivos que aprovecharon la calle para gritar “Viva Cristo Rey”.
Es decir; la manifestación fue plural, y en el tema central (el rechazo a la reforma electoral) se colaron otros débitos que el ejecutivo federal le adeuda a diversos sectores sociales. En este sentido, no podemos hablar de una oposición articulada; pero si de una tensión social que puede devenir en ingobernabilidad si desde el poder se sigue recurriendo al insulto, el denuesto, y la polarización. José Woldenberg, único orador del mitin, lo entendió y lo expresó en su discurso, mismo que puede leerse aquí: https://bit.ly/3hJ8ey5
La respuesta del ejecutivo ante la marcha fue la minimización, el chiste, y el cambio de tema; es decir, lo usual en el presidente ante temas que no es capaz de contestar. Pero acusa de recibo sobre la preocupación hacia una oposición cada vez más agrupada, con el anuncio de que a finales de noviembre el presidente hará su propia marcha para medir músculo. Dicho de otro modo: en palacio nacional saben que hay riesgo en la gobernabilidad, y no atinan a dialogar; es obvio.
En este contexto en el que el pensamiento absoluto se traduce como “conmigo o en mi contra”, sin matices ni posibilidad de diálogo, la reforma del presidente busca –en uno de sus apartadas más peligrosos- que quienes dirijan los órganos electorales, consejeros y magistrados, sean elegidos por “voto popular”. Esto abre la puerta a que en su elección intervengan estructuras políticas del partido gobernante, con malas prácticas documentadas, como acarreos, coacción de programas sociales, o –como ya ha sucedido- con intimidación y participación del narcotráfico.
Contrario al lema de defensa al INE, que dice “EL INE no se toca”; es claro que la democracia demanda que al INE sí se le toque, se le desacralice, se le revise y fiscalice con transparencia y rendición de cuentas, se le acompañe cívicamente, se le exija el delicado trabajo de preservar la institucionalidad democrática. Sin embargo, tocar al INE para someterlo al gobierno, como ya ha pasado con otros organismos autónomos, implica un peligro y un retroceso que no debemos volver a vivir.
@_alan_santacruz
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