En Calvillo se detectan irregularidades en el Ejercicio de Fondos Federales - LJA Aguascalientes
24/11/2022

  • Posible daño al erario es de 2 millones 12 mil 172 pesos, más de la mitad son irregularidades del FISM
  • De las 41 observaciones, en 22 de ellas se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa

 

En Calvillo, más de la mitad de las irregularidades con posibles daños al erario se detectaron en el Ejercicio del Presupuesto Federal. De las 41 observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS), 32 quedaron pendientes por solventar y 22 de ellas iniciaron un procedimiento de responsabilidad administrativa

En el Congreso del Estado dieron por revisadas las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2021, dicho año se celebró un proceso electoral con el que para octubre se dio la transición de gobiernos. En el Ayuntamiento de Calvillo, fue Daniel Romo Urrutia quien tomó la batuta del ayuntamiento, mientras el alcalde saliente, Adán Valdivia López, pasó a ser parte de la LXV legislatura.

De acuerdo con los resultados entregados a la Comisión de Vigilancia, en este municipio se detectaron irregularidades en el uso y manejo de sus recursos con el que estiman posibles recuperaciones de 2 millones 121 mil 172 pesos. 

El 51.9% de lo estimado de posibles daños al erario, es decir, un millón 101 mil 929.8 pesos, fueron detectados en el Ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). Considerando el total otorgado al municipio, esta irregularidad detectada corresponde al 4.8% del total del recurso ejercido.

En esta ocasión, el OSFAGS también hizo una auditoría para analizar el desempeño del Órgano de Control Interno y, junto con el análisis financiero de la administración, se hicieron en total 41 observaciones, 32 de estas quedaron pendientes a ser resueltas.

De las observaciones de índole financiero, 22 de ellos iniciaron un procedimiento de responsabilidad administrativa con la que determinarán si los servidores públicos serían acreedores de una sanción.

 



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