El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseguró que la oportunidad que tiene México ante la relocalización de cadenas de suministro requiere hacer cambios radicales en algunas políticas gubernamentales, especialmente la política energética; lo que parece poco probable.
En sus Perspectivas Económicas prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.2% para el 2023, quedando muy por debajo del 2% que podría considerarse el potencial de crecimiento actual, y está sujeto a fuertes riesgos a la baja.
Entre los riesgos que están en el radar, el IMEF destacó los siguientes: La posibilidad de una recesión en Estados Unidos; la persistencia de una inflación más elevada a lo esperado y la necesidad de una política monetaria más restrictiva a lo previsto tanto en Estados Unidos como en México; y el llamado a un panel para resolver las controversias en el marco del TMEC sobre la política energética de la actual administración.
También observó presiones en las finanzas públicas ante la falta de ingresos producidas por un menor crecimiento económico y por los problemas financieros y operativos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); así como un entorno financiero internacional agitado por los riesgos geopolíticos y por los problemas presupuestales en Estados Unidos.
Para el presente año, el instituto pronosticó una inflación de 5.1%, un déficit público de 3.7% del PIB, y un déficit de cuenta corriente de 0.9% del PIB. Asimismo, una tasa de interés de referencia monetaria ubicada en 10.25%; el tipo de cambio para el cierre del año, a 20.60 pesos por dólar, y la creación de 409 mil empleos formales.
Preocupan cambios laborales y en seguridad social
Por otra parte, el IMEF advirtió que los cambios laborales y de seguridad social para el año 2023 han generado una legítima preocupación al sector productivo del país, debido al impacto que pueden tener los costos asociados en la competitividad, especialmente en un entorno de alta inflación y escaso crecimiento económico.
“En el IMEF, estamos convencidos que, si bien tales incrementos representan costos importantes para las empresas, los beneficios que de ellos se derivan los justifican plenamente: El incremento al salario mínimo promueve el trabajo digno y generará mayor capacidad de consumo que impactará positivamente a la economía, sin un efecto relevante en la inflación”.
Por su parte, agregó, el incremento en los días de vacaciones ayudará a equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores, reduciendo el estrés en el trabajo y otros fenómenos laborales que provocan una baja importante en la productividad de las empresas.
Finalmente, concluyó, el incremento en las cuotas patronales, en los ramos de cesantía y vejez, coadyuvará a lograr una pensión digna, incluso superior a la mínima garantizada por el estado, lo que ayudará a las finanzas públicas y atenuará la baja en el consumo como consecuencia normal de la vejez, impactando positivamente la economía.
