Cada año nuevo, en el subconsciente colectivo aparecen impulsos optimistas de que todo irá mejor, que los tropiezos y obstáculos del año concluido serán cosa del pasado, y que las oportunidades llegarán quizá poco a poco, pero llegarán y la vida pública y privada serán, en esencia, mejores. Así los mexicanos este enero en ciernes. Pero, a una semana de iniciado el 2023 ¿cómo nos pinta el año?
La semana que concluyó el domingo pasado, estuvo llena de situaciones que, de acuerdo al punto de vista de cada quién, o fueron excelentes o terribles, y, aún entre estas perspectivas, hay una serie de claroscuros que se prestan a lecturas más finas y precavidas.
El domingo 1 de enero, los mexicanos amanecimos el año nuevo, como si fuera cualquier día del 2022, un ataque coordinado por el grupo criminal denominado como “Los Mexicles” al penal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó el siguiente saldo: 10 oficiales fallecidos, 3 oficiales heridos, 7 reos fallecidos, 10 reos heridos, 25 reos fugados y 2 agresores fallecidos. Todo indicaba que el objetivo del ataque era la liberación de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias el “El Neto”. Este ataque, llevó a la destitución del director del penal, y al traslado a un penal de máxima seguridad de 192 de los reos del Cereso # 3. Sólo 4 días después, en otro enfrentamiento el fugado “El Neto”, fue abatido en la misma Ciudad Juárez.
Siguiendo un orden cronológico de los eventos relevantes de la primera semana de este año, el lunes 2 de enero se llevaron a cabo dos designaciones en el seno del Poder Judicial federal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designación enmarcadas por el personal interés del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los cuales, con el argumento de impulsar la “transformación” de ese Poder, impulsó la acción de sus operadores políticos, encabezados por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a fin de cabildear la votación a favor de aquellos magistrados afines al proyecto de la “Cuarta Transformación”, que, en palabras llanas, lo encarna el propio López Obrador. Así, en el Tribunal Federal Administrativo, apoyó sin tapujos a la magistrada Luz María Anaya Domínguez en contraposición del magistrado Guillermo Valls Esponda, con una posición independiente al proyecto oficial. A la postre, se impuso Valls Esponda, dando, en muchos sentidos, tranquilidad a los mexicanos en general y al Poder Judicial en particular.
Por su parte, en los once magistrados integrantes SCJN ese mismo día eligieron a quién, entre los cinco candidatos: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, presidiría la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal hasta el 2026. Esta designación estuvo marcada por el escándalo en que se vio envuelta la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, señalada como “la” candidata del presidente López Obrador y esposa del contratista agraciado del gobierno José María Ribóo, tras hacerse público por el investigador y periodista Guillermo Sheridan de que había elementos suficientes respecto al plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel Mossa presentada en la FES Aragón de la UNAM. El tema escaló en la opinión pública hasta dejar en una posición insostenible la candidatura de la preferida de Palacio Nacional, argumentando, igualmente, su afinidad al proyecto transformador. Al final de la designación, después de tres rondas de votación entre los magistrados, se designó a la primera mujer que presidiría la SCJN en la historia de México, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Otro descalabro para la 4t, para el presidente López Obrador.
La intensidad de noticias de gran interés para los mexicanos apenas empezaban, ya que el jueves 5 pasado, en un operativo especial, se dio en Culiacán, Sinaloa, la captura en la sindicatura de Jesús María, de Ovidio Guzmán, hijo del “El Chapo” Guzmán y uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, quién ya había protagonizado un evento similar en el 2019, y del cual, el presidente dio la orden de liberarlo, en medio de un sinnúmero de contradicciones entre los responsables de la seguridad del país. Este operativo, dejó un saldo de 11 militares fallecidos, 35 heridos, así como 19 integrantes del Cartel de Sinaloa también perdieron la vida en el enfrentamiento. El detenido prontamente fue trasladado a la Ciudad de México a las instalaciones de la FEMDO y se le abrió una investigación con base en una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que, curiosamente, en México no contaba con ninguna investigación abierta. Cabe señalar que entre el 8 y el 11 de enero, se llevará a cabo una reunión entre los presidentes de los Estados Unidos, Canadá y México, para abordar distintos temas de interés entre las tres naciones, y la suspicacia de un sector de la opinión pública nacional, llamó la atención respecto a la “coincidencia” de la captura del narcotraficante y la llegada del presidente norteamericano Joe Biden. ¿Una ofrenda de buena voluntad de López Obrador al poderoso vecino del norte?
Finalmente, para cerrar esta movida primera semana, el gobierno de México anunció, con pompa y platillo, la adquisición de los activos de Mexicana de Aviación por la friolera de 816 millones de pesos, y su asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional, para operar una nueva línea aérea, en el marco de ese afán cuatrotero de darle funciones extralegales a esa dependencia federal con un propósito no muy claro que incida en el mejoramiento de las acciones de gobierno para el país, para los mexicanos. Los enterados presumen un alto y costoso riesgo para México, ante la inexperiencia de los militares como empresarios y las circunstancias que hoy imperan en el medio aeronáutico nacional. La limitante de la categoría 2 de México ante los Estados Unidos, la posibilidad del cabotaje de las aerolíneas extranjeras y empezar de cero. Esperemos que este proyecto no se vuelva un costoso elefante blanco para los mexicanos.
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