Desde todos los rincones de las más 40 parroquias de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, miles de indígenas de los diversos pueblos originarios llegaron para recordar al obispo Tati Samuel García Ruiz y para denunciar la violencia que pesa en sus comunidades a 12 años del fallecimiento del protector de los pueblos indígenas.
Agrupados en el “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas”, señalaron que Ruiz García “sigue vivo en la memoria de este pueblo que peregrina” y que se fortalece en su caminar, a la par que denunciaron “todos los atropellos e injusticias, violencia e inseguridad que estamos viviendo”.
Señalaron que “la presencia del crimen organizado en las ciudades, en pueblos y comunidades se ha hecho cada vez más visible en un contexto de disputa y control del territorio lo que genera un clima de violencia generalizada, amenazas, enfrentamientos, desapariciones y asesinatos de personas de diferentes estratos sociales, así como también el reclutamiento de jóvenes”.
Denunciaron que hay masacres, terror e inseguridad en comunidades y cabeceras municipales, no solo del territorio de nuestra diócesis sino en otras partes de las diócesis de Tuxtla y Tapachula.
Han registrado el aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en algunas comunidades donde también se venden drogas y se da la prostitución, que generan adicción y destrucción de las familias.
Que han visto que el actuar del crimen organizado ha sido con la permisividad de los tres órdenes de gobierno generando impunidad e injusticia.
Además, denunciaron, el uso de las armas ha sido una herramienta de querer solucionar los conflictos en comunidades dejando en el olvido las formas comunitarias del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas y de reconciliación que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas.
“Chiapas ha sido uno de los estados en el que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha visibilizado cada vez más y no ha sido reconocido ni atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno. En muchos casos se iniciaron como disputas de tierras, pero con la mala decisión de las instituciones de gobierno que provocaron el aumento de los conflictos por no tener en cuenta los antecedentes históricos entre comunidades ni sus acuerdos comunitarios anteriores”, dijeron los indígenas.
Denunciaron que “en la actualidad los desplazamientos se han generado por la situación de extrema violencia provocada por los grupos armados, que tienen la permisividad del gobierno. También muchas veces esta situación de violencia ha provocado la migración a otros estados del país o a Estados Unidos y Canadá”.
Y que, toda esta violencia ha traído como consecuencia, la ruptura del tejido social y familiar, por lo que durante los desplazamientos mujeres y niñas-niños son los más expuestos al acoso, tortura sexual como forma de violencia directa, dejándoles en estado de vulnerabilidad, desprotección, discriminación, violación a sus derechos humanos y desamparo total.
“Como Pueblo Originarios podemos seguir existiendo construyendo la paz y la justicia, si buscamos nuestras raíces y fortalecemos nuestra cultura, nuestras lenguas y el reconocimiento de nuestros derechos. Si mantenemos los significados de la vida que están presentes en la comunidad. Si no caemos en las trampas y en los conflictos que nos dividen y nos enfrentan entre hermanos hermanas”, dijeron en la ceremonia religiosa para recordar a Samuel Ruiz.
Ante esto, exigieron al gobierno federal, estatal y los municipales, poner ya “un alto a los conflictos en las comunidades: las injusticias, asesinatos, secuestros y desaparición de personas, la violencia y la inseguridad.
Pidieron frenar las cantinas clandestinas que promueven el consumo de alcohol, drogas y la prostitución, asimismo demandaron un alto a la destrucción de las familias con la violencia, el desplazamiento, el secuestro, el despojo del territorio y la inseguridad que se hace más grande con el aumento de las armas y la presencia del crimen organizado.
Pidieron que se respete a las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que no se obstaculice su derecho a decidir libremente y que se deje de criminalizar la lucha por la defensa de la libre determinación de nuestros pueblos y la defensa del territorio en el que viven.
