- Presidenta saliente del Comité Coordinador del SESEA, Josefina Díaz Aguilar, presentó su quinto informe
- Rindió protesta Francisco Aguirre Arias como nuevo presidente
En la XIII Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (SESEA), la presidenta saliente Josefina Díaz Aguilar rindió su quinto y último informe de labores; en el mismo acto rindió protesta Francisco Aguirre Arias como dirigente del organismo ante la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel.
Josefina Díaz indicó que si bien se han tenido avances en disminuir los actos de corrupción en nuestro estado, no se debe bajar la guardia y se debe seguir trabajando por tener instituciones transparentes, al resaltar que, según la tasa de prevalencia de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), indicativa del número de ciudadanos que experimentaron uno o más actos de corrupción, señala que entre 2017 y 2021 la cifra de víctimas de corrupción se redujo en una quinta parte, pasando de 14,556 a 11,316 personas por cada 100 mil habitantes. Entre esos años, esta entidad federativa pasó del lugar 21 al 12 de entre los estados con menor corrupción.
Destacó que a partir de la implementación del Sistema Anticorrupción en Aguascalientes, se han probado soluciones de naturaleza cultural, participativa, punitiva, orientada a los procesos, a los objetivos, y a la supervisión, y para acabar con estas prácticas, Aguascalientes ha intentado regular, desregular, aplicar tecnologías, educar a las nuevas generaciones, transparentar, rendir cuentas a otros poderes o a la sociedad; orientar el presupuesto a los resultados, castigar infracciones y delitos, negociar reparaciones, especializar al ministerio público, involucrar al Poder Judicial, profesionalizar a los funcionarios, y auditar el desempeño de los programas.
Calificó de extenso el inventario de medidas aplicadas para combatir la corrupción, e incluye el uso de metodologías como la armonización contable, la disciplina financiera, el marco integrado de control interno, y la aplicación de normas de auditoría; técnicas a las que deben agregarse la operación de sistemas como el de evaluación del desempeño, el de seguimiento y evaluación, el de gestión de la calidad, el de gestión de riesgos, o el institucional de archivos.
Subrayó que según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) señala que entre 2016 y 2020, Aguascalientes pasó del lugar 12 al 5 entre las entidades federativas con menor tasa de prevalencia, ubicándola entre los estados con menor número de víctimas empresariales, y concretando una de las dos metas en la materia del Plan Aguascalientes 2045.
Seguidamente, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), publicada también por el INEGI, dice que entre 2019 y 2021 el número de negocios que experimentaron uno o más actos de corrupción se redujo un 68%.
La presidenta salientes observó que el Sistema Anticorrupción instituyó también una política en la materia y que su evaluación debe servir para encauzar a las autoridades que han perdido de vista el objetivo y para retroalimentar a todas las instituciones públicas en esta búsqueda de las soluciones normativas, programáticas y correctivas que pongan fin al problema público; enseguida proporcionó algunos datos al respecto:
- Solo 1 de cada 10 funcionarios ingresó por mecanismos de meritocracia.
- Los códigos de ética y conducta se difundieron a sólo uno de cada 10 servidores públicos.
- Sólo se atendieron 5 de cada 100 recomendaciones al desempeño emitidas por las Coordinaciones Municipales de Planeación y por el entonces existente Instituto de Planeación del Estado.
- Una cuarta parte de los programas sociales municipales no contaban con un padrón de beneficiarios.
- La mitad de los municipios no contó con un área de asuntos internos de seguridad pública.
- Solo 6 de cada 10 entes públicos aseguraban contar con órganos internos de control integrados por sus tres autoridades.
- La calificación global promedio en los municipios, en el marco integrado de control interno cayó a 52% en la revisión a la cuenta pública de 2020.
- Los órganos internos de control sólo verificaron la determinación del pago de remuneraciones a un 4% de los servidores públicos.
- Siete de cada 10 investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyeron de manera anticipada.
- De cada 10 quejas formuladas contra funcionarios que le negaban información pública al ciudadano, solamente tuvo la razón el servidor público en 2 casos.
El Órgano Superior de Fiscalización consideró que durante el ejercicio fiscal 2020 sólo se practicaron auditorías internas en la mitad de los municipios; por lo que, durante el corte de 2022, solamente una de cada 55 sanciones impuestas por los órganos internos de control municipales se relacionaron con sus auditorías.
“Si bien debo conceder que nuestros esfuerzos no han sido definitivos para librar a la sociedad de los costos de la corrupción, también se debe aceptar que sí han sido definitorios para establecer otra actitud frente al problema y marcar un antes y un después. Sin duda hemos avanzado mucho“ expresó finalmente Josefina Díaz Aguilar.
