- Tienen más 5 mil asuntos, entre ellos siete notarías impugnadas
- Sobresalen multas de tránsito o cobros excesivos de servicios del agua
A pesar de que los asuntos en la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes van en aumento, ha sido posible conservar los tiempos procesales, aseguró Enrique Franco Muñoz, quien detalló que son más de 5 mil asuntos los que están abiertos, entre ellos siete carpetas relacionadas a notarías públicas aún en proceso.
Aseveró que la ciudadanía sabe lo que es la justicia administrativa, al no acudir a este ente sólo para presentar quejas contra multas de tránsito o cobros excesivos de servicios del agua. Detalló que actualmente se concentran más de cinco mil asuntos.
Reconoció que se han diversificado los asuntos que se reciben, pues van desde las inconformidades por la asignación de los Fiats, o sobre las licitaciones de transporte público, las cuales considera importantes, ya que van encaminadas a lograr “un auténtico equilibrio social”.
El magistrado expuso que si bien el rezago en el Poder Judicial de la entidad es una problemática común, debido al incremento de los asuntos que son atendidos por la misma estructura, derivado principalmente de la situación presupuestal, lo que les ha impedido crecer. Apuntó que en el caso de la Sala Administrativa está integrada por 27 personas, quienes siguen brindando un servicio adecuado, según sus estadísticas, luego de 10 años de conformada.
Franco Muñoz detalló que aún tienen abiertas siete carpetas sobre inconformidades en la asignación de notarías, y recientemente decretó la suspensión de dos fiats demandadas mutuamente, las cuales se les impuso una fianza para sujetarse al proceso, aunque al respecto se negó proporcionar los nombre de los inconformes por respeto al proceso, aunque detalló que son la 61 y la 70. “Son siete notarías las que están impugnadas, la mayoría de ellas por considerar que no se cumplen con los requisitos para ser notarios, cosa que desentrañaremos a lo largo del proceso”, manifestó.
Sobre las notarías mencionadas se decretó la suspensión de actividades y la presentación de una garantía económica por 600 mil pesos, con la finalidad de que se proteja a usuarios que tengan pendiente un acto de protocolización de un acto jurídico de ambos despachos.
El magistrado aseveró que la Sala Administrativa de ha autoimpuesto un tiempo de seis meses para determinar cada uno de los asuntos que reciben.
Recordó que en este ente impartidor de justicia puede impugnar cualquier acto que se considere como abuso de la autoridad, aunque los asuntos más constantes son cobros excesivos del servicio del agua o multas de tránsito y cobro del predial.
La Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado está conformada por los magistrados Alfonso Román Quiroz, Rigoberto Alonso Delgado y el presidente Enrique Franco Muñoz.
