A pesar de la moratoria que los partidos de oposición al gobierno federal habían anunciado, recientemente se han aprobado reformas constitucionales que debilitan las instituciones del país y perjudican el acceso a derechos humanos.
La coalición Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, se ha presentando como una organización de oposición. En elecciones recientes, estos partidos han participado con candidaturas conjuntas, con el objetivo de intentar restar votos a Morena y sus aliados. Además, sus grupos parlamentarios habían anunciado públicamente una moratoria contra las reformas propuestas por el partido ahora mayoritario, sin embargo en ciertos momentos clave, han colaborado para que dichas propuestas se aprueben.
Una de ellas es la extensión del plazo marcado para que las fuerzas armadas permanezcan en labores de seguridad pública. Con el argumento de apoyar a las policías en el combate al crimen organizado, se aprobó una reforma que permite al Ejército y Marina permanecer en las calles hasta 2028, extendiendo el plazo por 4 años según lo previsto en un inicio. Para esta modificación, Morena contó con votos a favor del PRI y PRD.
Además, en una reciente propuesta para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la llamada oposición también aportó los votos necesarios para pasarla. Especialmente, fue el PRI quien apoyó la propuesta, la cual les permite autorregularse en la elección de sus dirigencias.
No solo eso, pues también los partidos de oposición votaron a favor de ampliar la aplicación de la prisión preventiva, extendiendo la lista de delitos que ameritan esta figura. Cabe apuntar que se ha señalado en numerosas ocasiones como una medida contraria a los derechos humanos, puesto que implica el encarcelamiento de una persona sin juicio que pruebe su culpabilidad.
Diversas instancias, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, han declarado que esta figura es perjudicial. En su sentencia al respecto, establecieron que México debería limitar esta figura para casos específicos, justificando claramente su aplicación como una medida extraordinaria.
Estos ejemplos muestran que la oposición, a pesar de su supuesta moratoria, ha colaborado con el partido en el poder para pasar reformas constitucionales. En estos casos, estas modificaciones no solo son contrarias a los principios constitucionales, sino que son abiertamente un riesgo para la protección de derechos humanos.
