El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite un paquete de 30 controversias constitucionales contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las controversias fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ayuntamientos de la oposición, que alegaron que las reformas vulneran su autonomía presupuestaria al limitar al 0.1% el gasto de comunicación social.
En esta ocasión, el ministro Pérez Dayán rechazó suspender la aplicación de la nueva ley al considerar que, por tratarse de una norma general, no se afecta de manera irreversible ningún derecho humano. “Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar”.
“Sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”, señaló el ministro.
La Corte también espera recibir las impugnaciones de la segunda parte de dicha reforma publicada el jueves pasado, pues todas deben ser resueltas antes del 2 de junio próximo para no interferir en el calendario electoral de 2024.
