- Vulneraron la confidencialidad de quienes ahí se encontraban
- Dijeron ser enviados por la gobernadora para levantar un censo
En rueda de prensa, varios organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el pasado 27 de febrero poco antes de las 12:00 horas irrumpieron en las instalaciones de CAVA (Centro de Atención Vive Aguascalientes A.C) personas uniformadas portando armas largas, quienes no se identificaron ni presentaron una orden judicial, y con lujo de violencia ingresaron para llevar a cabo un cateo.
Los uniformados hicieron uso de la intimidación verbal e institucional, pues se trasladaban en vehículos rotulados de Gobernación, Policía estatal, Policía Municipal de Aguascalientes, y una camioneta de Migración, entre otros como la Guardia Nacional. Su ingreso a las instalaciones de CAVA se realizó sin documento oficial por escrito que justificara al menos su presencia; sólo refirieron que los mandaba la licenciada Tere Jiménez bajo el argumento que iban a hacer un censo.
Se metieron violentando la seguridad de las instalaciones, tomaron fotos de todos los espacios, vulneraron la confidencialidad de las personas que ahí se encontraban y su seguridad pues también les fotografiaron (sin pedir algún permiso), a uno de los usuarios quien dormía, lo levantaron con pistola en mano, a todos los interrogaron, revisaron cajones, colchones, camas y todos los rincones de la organización.
El psicólogo de la organización trató de dar respuesta a todos sus cuestionamientos sin que llevaran una cédula estructurada para ello, o formatos para llenar un acta oficial, preguntaban según lo que se les fuera ocurriendo, sobre los medicamentos, sobre la cantidad de personas que asisten y colaboran, siendo en todo momento intimidatorios. Después se fueron sin más. No encontraron nada fuera de la legalidad.
Las y los activistas que participaron en el encuentro con los medios de comunicación destacaron que esta acción en contra de CAVA AC, la cual coordina un albergue para jóvenes que corren de sus hogares por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ o vivir con VIH, violenta varias garantías constitucionales:
Al Violentaron el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Causaron además estado de zozobra en las personas que se encontraban en la organización.
Realizaron un cateo sin considerar que, como lo marca el Artículo 62 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberían tener una orden para tal fin.
Hicieron caso omiso de lo que les marca el Artículo 42 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública al no identificarse.
Violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que se encontraban en la organización al tomarles fotografías sin su permiso.
“Desde las organizaciones civiles, colectivas y activistas, reprobamos tajantemente los hechos y exigimos a las autoridades que funde y motive la intervención que realizaron a CAVA. Les recordamos a las autoridades, que las organizaciones de la sociedad civil hacemos el trabajo que NO hace el gobierno, cubrimos necesidades de la población vulnerada que lo requiere y que está en nuestro objeto social, hacemos incidencia política justo donde encontramos áreas de oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos de la población”, expuso uno de los convocantes a la rueda de prensa.
Cabe destacar que este cateo ilegal se realizó a solo unos días de distancia de la sesión que desarrolló la Comisión de Derechos Humanos de la LXV Legislatura local, donde se analizó la iniciativa para la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Aguascalientes, en donde se reconoció que esta entidad es una de las tres que aún no cuentan con esta normativa.
Lo ocurrido ayer pone en evidencia la urgente necesidad de la implementación de un mecanismo que brinde herramientas para la protección de activistas y periodistas, el cual debe ser autónomo del Estado, contar con un presupuesto y realizar acciones concretas que garanticen la seguridad de activistas y periodistas.
Al final de la rueda de prensa se manifestaron las siguientes exigencias a las autoridades:
- Se garantice la seguridad y el respeto de las organizaciones civiles y a sus integrantes, usuarias, usuarios, usuaries de cada una de ellas.
- Se garantice la integridad de quienes colaboran en CAVA Aguascalientes.
- Que se cumpla el mecanismo para protección de defensores y periodistas ante el acoso que de manera sistemática sufren diversos activismos a lo largo y ancho del país.
- De manera urgente que las autoridades, instituciones de los tres niveles de gobierno garanticen el ejercicio de derechos de las, los y les activistas.
- Que este tipo de acciones por parte de cualquier institución y órgano de gobierno no se vuelva a repetir en ninguna persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de ninguna persona activista, periodista o defensora de derechos humanos, de ninguna AC, colectiva, organización.
Responsabilizamos al Estado de lo que pudiera ocurrir a quienes integran CAVA, los daños a sus instalaciones y a cualquiera de las organizaciones que hoy respaldamos a CAVA.
Exigimos respeto y apoyo a las/los/les compañeres de CAVA y reprobamos tajantemente cualquier intimidación, limitación u obstaculización por parte del estado a nuestro trabajo.
Las demandas fueron firmadas por más de una docena de organizaciones civiles y activistas independientes.
