Se calcula que entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, el vecino país del norte ejecutó unas 2.548.284 deportaciones (bajo el Título 42) y otras 2.539.990 expulsiones (bajo el Título 8, otra norma de similar) desde su territorio. Así, México batió todos sus “records” previos como origen y destino de las migraciones “irregulares” en 2022 (Santos, A. El País, 28 de febrero de 2023). Es casi un lugar común decir desde ciertos espacios públicos, que migrar no es un delito. Sin embargo, en los hechos cotidianos la grave violación de los Derechos Humanos de las personas migrantes es un fenómeno global que ocurre todos los días y que viene ocurriendo desde hace décadas allá donde las migraciones se producen; lo mismo en África que en Europa, Oriente Medio o las Américas. Y en México, el tema cobra especial relevancia debido a la geografía, que pone al país en medio de las rutas migratorias de nuestro tiempo, entre el norte y el sur global, antes como país de tránsito, pero ahora cada vez más como destino deseado o no de migrantes caribeños y centroamericanos y también de otras regiones del mundo. Existen muchos informes de distintas fuentes confiables que documentan los abusos a los derechos humanos que sufrieron los migrantes en México en los pasados años. Estos abusos incluyen detención arbitraria, extorsión, secuestro, violación y asesinato.
Además, los migrantes a menudo se enfrentan a la discriminación y al acceso limitado a servicios básicos como acceso al agua potable, alimentación, vivienda, atención médica y servicios educativos. El gobierno de México ha sido criticado desde hace años por su insuficiente e inefectiva respuesta a este reto regional y global, y las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de complicidad entre autoridades de los tres niveles de gobierno y las bandas del crimen organizado, que han hecho de la trata y el tráfico ilícito de personas uno de sus negocios más lucrativos, a la par de otros como el narcotráfico. Aún más, los esfuerzos gubernamentales para administrar mejor el tema migratorio, a menudo son minados por la falta de asignación de recursos suficientes, en especial recursos humanos capacitados en el manejo de los asuntos migratorios desde un enfoque que no solo piense en la “securitización” y la militarización de las fronteras, sino en gestionar con un enfoque de derechos humanos las migraciones, y que por otra parte, deje atrás las prácticas corruptas del pasado reciente y aún presentes en nuestros días.
Es crucial entonces que el Estado Mexicano tome medidas concretas para proteger los derechos de todos los migrantes y sus familias, incluido el aumento de los recursos materiales y el apoyo a los organismos encargados de hacer cumplir las leyes que son responsables de garantizar la seguridad de los migrantes, perseguir y enjuiciar a los perpetradores de abusos contra los derechos de los migrantes, y establecer programas nacionales para mejorar el acceso a los servicios básicos para los migrantes. También es vital fortalecer las asociaciones y la cooperación internacionales para abordar este problema, incluida la colaboración con los países de origen y destino, con el fin de abordar las causas profundas y estructurales de la migración. De igual modo, es vital fortalecer las asociaciones y la cooperación internacionales para abordar este problema, incluida la colaboración con los países de origen y destino, para abordar bajo enfoques sistémicos las causas profundas de la migración, como la pobreza, el desempleo, las catástrofes ambientales y la violencia.
Ante esto, es imperativo que la sociedad civil aumente su presión sobre el gobierno de México y los de otros países involucrados, para mejorar y acrecentar el compromiso en la defensa de los estándares de Derechos Humanos, así como una cooperación internacional que brinde apoyo y recursos a los países que enfrentan flujos migratorios. En general, es esencial reconocer la importancia de los Derechos Humanos en todos los aspectos de la sociedad y trabajar para crear un espacio nacional y regional donde la dignidad y el valor humano de las personas sean respetados y defendidos como un asunto de interés general, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
Por su parte, la cuestión de la responsabilidad de los Estados Unidos por la muerte de cientos o tal vez miles de migrantes en México cada año, es compleja y tiene múltiples dimensiones, pero en general se puede argumentar que los Estados Unidos de América y sus sucesivos gobiernos, no hay gran diferencia entre partidos, tienen una responsabilidad directa y significativa en la situación precaria de los migrantes en México, debido a una serie de políticas y acciones que han tomado en relación con la inmigración. Por ejemplo, las políticas de “tercer país seguro” que impone a México recibir migrantes de muchas nacionalidades a los que se niega el asilo o refugio, derivado de unas políticas de asilo e inmigración altamente restrictivas y criminalizadoras, o el endurecimiento de las leyes migratorias, la construcción de vallas y muros en su frontera sur con México, la cuasi militarización de su frontera o la reducción del número de visas disponibles para migrantes y refugiados, que han llevado a un aumento disparado en el número de migrantes que intentan cruzar la frontera de manera indocumentada. Estos migrantes a menudo deben enfrentar situaciones de peligro, explotación y muerte por parte de los traficantes de personas y grupos delictivos que se aprovechan de su alta vulnerabilidad en situaciones de tránsito, o “de movilidad”.
Además, la política exterior de los Estados Unidos también ha contribuido a la precarización de la situación de los migrantes en México, dado que la imposición de políticas económicas que favorecen su libre comercio, esencialmente una libre circulación de mercancías pero no de personas; ha generado graves desigualdades y polarizaciones económicas al sur global y ha afectado negativamente a las economías locales, especialmente en los países de Centroamérica, el Caribe y sur de México, lo que aunado a la violencia y las crisis políticas recientes, ha llevado a una mayor migración de personas que buscan mejores oportunidades económicas, pero también huir de la violencia.
En conclusión, la violencia generalizada, la muerte, la deportación y en general la violación masiva de los Derechos Humanos de las personas migrantes en México es un tema complejo y multifactorial que requiere atención y acción inmediata tanto del gobierno mexicano como de sus vecinos y socios internacionales, señaladamente, los Estados Unidos de América; mismos que no pueden ni deberían obviar su responsabilidad donde el establecimiento de políticas integrales y coordinadas que aborden las causas estructurales de las migraciones es crucial para garantizar la protección de los derechos de todas las personas en México, sean o no migrantes.
México necesita urgentemente de una política pública congruente en materia migratoria congruente y alineada con los enfoques más progresistas de Derechos Humanos, en especial con los múltiples Acuerdos y Convenciones nacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Es claro que más allá de las claras responsabilidades políticas de funcionarios y gobiernos, la muerte de migrantes en las fronteras globales, en especial en las fronteras norte y sur de México, tiene causas complejas y multifactoriales que involucran a diferentes actores sociales, incluyendo políticos y autoridades estatales y locales, diversos grupos delictivos que controlan espacios y tráfico ilegal en las regiones fronterizas, así como una falta de protección adecuada y una evidente corrupción en las fuerzas de seguridad, fiscalías y poderes judiciales tanto locales como federal.
Es claro entonces que el Estado mexicano, cualquiera que sea su signo político, no puede darse el lujo de seguir deteniendo o reteniendo contra su voluntad a personas que no han cometido delito alguno más que migrar y ser pobres, como tampoco permitiendo la impunidad y la falta de investigación y castigo para los responsables de los crímenes en contra de las personas migrantes. Además, resulta urgente una depuración de responsabilidades políticas en la Secretaría de Gobernación y su dependiente Instituto Nacional de Migración, para dejar de perseguir y criminalizar sin razón a las personas migrantes. N.A: El presente artículo de divulgación también es posible gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el marco del programa institucional de Estancias Postdoctorales por México.
@efpasillas
