Morena, el partido mayoritario en el Poder Legislativo y Ejecutivo, diversas veces ha criticado a los partidos que conforman la oposición. Especialmente, se ha señalado a ex funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por corrupción y trabajar a favor de intereses ajenos a la ciudadanía.
Sin embargo, en diversas ocasiones ambas instituciones políticas se han unido para aprobar reformas controversiales, muchas de ellas que incluso ponen en riesgo la democracia y los derechos humanos de la población. La militarización del país, las restricciones al Tribunal Electoral y la recopilación de datos biométricos por parte del gobierno son algunos ejemplos, propuestas que no habrían tenido éxito sin el impulso de estas organizaciones políticas.
Extensión de la militarización de la seguridad pública
La iniciativa de Morena para extender la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública fue aprobada en las Cámaras legislativas federales con el apoyo del PRI, así como el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Esta propuesta modificó la legislación para permitir que elementos de la Sedena y la Marina permanecieran en las calles hasta el año 2028, aún después del término del sexenio actual.
“En el inicio del debate la legisladora Yolanda de la Torre del PRI, que presentó la iniciativa, sostuvo que el tricolor no está a favor de la militarización, pero que no dejarán a los estados ‘secuestrados por el crimen. No se trata de hacerle el trabajo político a Morena’, aseguró la diputada del PRI, al defender su iniciativa para mantener al Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028“, se lee en el portal Proceso.
Además, las fuerzas armadas también han recibido el control de las aduanas y puertos del país. De esta manera, las aduanas de la frontera norte quedan bajo la administración de la Sedena, mientras que los accesos marítimos son manejados por la Marina.
Omisión a los actos anticipados de campaña de Claudia Sheinbaum
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha sido señalada en numerosas ocasiones por promover su imagen con recursos públicos previo a las elecciones presidenciales de 2024. Aunque el proceso electoral aún no comienza, se han visto varias acciones que podrían considerarse actos anticipados de campaña.
A pesar de ello, el Congreso de la Ciudad de México ha omitido las sanciones correspondientes en contra de la Jefa de Gobierno. De acuerdo a Salomón Chertorivski, diputado federal de Movimiento Ciudadano, al menos en 14 ocasiones diversas autoridades electorales han instruido promover sanciones por estas conductas que vulneran la equidad en los comicios.
“Dijo que en prácticamente todas las resoluciones, los Tribunales Electorales federal y local mandatan al Congreso de la Ciudad establecer sanciones contra Sheinbaum Pardo, pero en cada ocasión Morena, con la complicidad del PRI, decide eximirla de su responsabilidad“, establece Expansión, al señalar la complicidad entre el PRI y Morena.
Limitación al TEPJF
Las autoridades electorales han sido objeto de críticas y señalamientos constantes por el gobierno federal durante el sexenio actual. Recientemente, Morena, sus aliados e incluso la oposición conformada por la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) han presentado reformas que buscaban debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“La iniciativa argumenta que los magistrados electorales han excedido sus facultades de interpretación de las leyes y han, en los hechos, creado nuevas normas, invadiendo el ámbito de competencia del poder Legislativo. En realidad, el proyecto está precedido por sentencias judiciales que han frustrado actos irregulares cometidos por los propios partidos o que han garantizado el acceso de grupos vulnerables a cargos de elección popular“, escribe el diario El País.
Esta iniciativa fue motivada por diversas sentencias que limitaron a las dirigencias del PRI y Morena en sus intentos de prolongar sus mandatos. De acuerdo con estos partidos, las y los magistrados del TEPJF han excedido sus facultades, por lo que buscaron reducir sus atribuciones. Esta propuesta permitiría que los partidos no tengan una regulación eficiente, permitiendo varias omisiones a la ley y vulnerando los derechos políticos de ciertos grupos.
Control gubernamental de datos biométricos
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Operación de los Registros Civiles con votos de Morena, PRI, Partido Verde y PT, con lo que se faculta a la Secretaría de Gobernación para recabar y resguardar información personal de ciudadanos mexicanos, incluyendo sus datos biométricos.
Esta propuesta incluye la creación del Consejo Nacional del Registro Civil. El País menciona que “La nueva institución integrará todos los Registros Civiles del país —32, uno por cada Estado— y tendrá, en la práctica, un monopolio sobre los datos biométricos y otra información personal básica como nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y CURP (Clave Única de Registro de Población).”
Esta propuesta ha sido criticada por diversos organismos y organizaciones civiles, puesto que los datos biométricos constituyen información sensible. La reforma establece que esta información quedaría completamente en manos del gobierno federal, por lo que se teme que se ponga el riesgo la privacidad y seguridad de la población.
Elección de consejeros del INE por sorteo
Otro caso donde el PRI y Morena se ha aliado ha sido en el proceso de elección de los cuatro perfiles que ocuparán las consejerías electorales del INE. Ambos partidos coinciden que un sorteo entre los finalistas es la mejor opción, puesto que de esta manera se eliminarían posibles conflictos de intereses y corrupción en la obtención de este cargo público.
Los grupos de oposición concuerdan que de esta manera se evita la discusión y la elección consensuada de los mejores perfiles para ocupar esas posiciones. Además, cabe señalar que en diversas ocasiones, tanto el presidente como miembros de Morena han criticado las decisiones de los consejeros actuales.
Finalmente, Guadalupe Taddei Zavala fue designada como nueva consejera presidenta del INE por este método. El resto de consejerías serán ocupadas por Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza. “En un acto inédito, a través de insaculación, la Cámara de Diputados declaró electos a los cuatro consejeras y consejeros que integrarán el Consejo General del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032“, señala Proceso.
