- No puede considerarse que las personas se “autoemplean”, aunque exista una relación laboral
- Legislación laboral va con retraso respecto a la generación de este tipo de empleos
En México y el mundo se desconoce, de manera precisa, el número de personas que trabajan a través de plataformas digitales, consideradas ocupaciones emergentes, mismas que están generando empleo precario sin las prestaciones mínimas para estos trabajadores, señaló Jael Pérez Sánchez, vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana.
Destacó que, en este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya reconoce que la digitalización profundiza la precariedad y la informalidad laboral, además de identificar la innovación y automatización que destruye puestos de trabajo, principalmente relacionados con actividades rutinarias no cognitivas, es decir aquellos trabajos que no requieren de muchas habilidades, en procesos repetitivos; como sucede en la industria automotriz, donde cada vez se requerirá menos mano de obra, debido a los procesos automatizados.
Destacó que principalmente son los jóvenes los que deciden integrarse a lo que consideran es un “autoempleo” a través de estas plataformas digitales, cuyas características generales es que ofrecen una base tecnológica para poner en contacto a quien ofrece el servicio con quienes lo demandan, como son los casos de los servicios de transporte tipo Uber, entre otros como los de reparto.
En su mayoría, las personas que ofrecen estos servicios son considerados “trabajadores independientes” o autoempleo.
El economista explicó que es debido a esta heterogeneidad de modelos de negocios, que aunque parecieran similares dificulta la clasificación del tipo de relación laboral que tienen las personas con las empresas tecnológicas, al no quedar claro si estas actúan como intermediarios o como patrones.
Explicó que dada la legislación mexicana, hay indicios de que existe una relación laboral, tales como: la fijación unilateral del precio por parte de la plataforma; están establecidas las condiciones contractuales, al exigir la firma de un contrato de adhesión; existen procesos de selección, reclutamiento, evaluación, control y sanción; la plataforma es propiedad de la empresa, el prestador del servicio es propietario de su auto, moto o bicicleta; uso de logotipos, reciben capacitación y hay un contrato de servicios elaborado unilateralmente por la plataforma. “Todo esto da indicios que la plataforma no es un intermediario, sino que es un patrón”, subrayó Pérez Sánchez.
A pesar de lo anterior, para quienes laboran en estas plataformas se considera que no existe una relación laboral con la empresa, por tanto, en su mayoría se consideran trabajadores autónomos sin servicios de salud ni prestaciones laborales, aunque las plataformas les retienen el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que la Ley mexicana podría obligarlos a registrarlos como empleados.
Destacó que aún en países desarrollados la legislación es muy laxa, y no van de la mano de las nuevas organizaciones de los mercados laborales.
El especialista expuso que aunque se considere que se gana bien trabajando para o con estas plataformas es un bajo nivel de ingresos por hora trabajada que obliga a laborar jornadas de más de 8 horas para obtener un ingreso medianamente satisfactorio.
Respecto a este tema, Jael Pérez presentó algunas recomendaciones para el gobierno mexicano; en primera que haya una mayor gobernanza sobre las plataformas para regular el empleo que se genera; extender los derechos de los trabajadores, sobre todo de los que se encuentran en zonas grises (es aquella que no se distingue si es empleado o autoempleado); garantizar la protección social de los trabajadores; extender el derecho a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo; consideró necesaria una reforma a la Ley Federal de Trabajo respecto a esta forma de empleo que se está generando con las plataformas. En cuanto a lo estatal, señaló como necesaria una mayor regulación por las áreas de movilidad, orientada a la protección del empleo, ya que la cantidad que se paga al gobierno por parte del trabajador la debería subsanar la propia plataforma, no la persona que pone su medio de transporte.
El economista reiteró la importancia de contar con estadísticas confiables respecto a que no existe una cuantificación del empleo generado por las plataformas, al reconocer la dificultad que existe debido a que hay personas que trabajan con más de una plataforma.
