La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado invalidar la segunda parte del llamado Plan B a la reforma electoral, el cual fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus grupos parlamentarios. Con un total de 9 votos a favor y 2 en contra, la mayoría de ministras y ministros descartaron esta propuesta por incurrir en violaciones graves al proceso legislativo.
“El principal efecto de las reformas era adelgazar la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral (INE) y limitar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como cambiar fechas de los procesos electorales. El Plan B aplazaba el inicio del proceso hasta la tercera semana de noviembre, mientras que los 60 días de precampaña arrancaban en la tercera semana de diciembre“, se lee en el diario Reforma.
Las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron las únicas ministras que votaron a favor de mantener el Plan B, mientras que el resto de la Corte, incluido Arturo Zaldívar, se opusieron al mismo. Con este fallo, el cual dio resolución a la demanda interpuesta por Movimiento Ciudadano, las leyes electorales de 2014 vuelven a estar vigentes.
“La Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de 510 artículos que nunca fueron dictaminadas, que se presentaron en el momento de iniciar la sesión“, expresó el ministro Javier Laynez al argumentar su voto en contra.
Cabe señalar que en el segundo semestre de 2023 da inicio el proceso electoral con el cual se renovará el Congreso de la Unión, así como la presidencia de la República. De esta manera, las instituciones electorales vuelven a tener reglas claras para organizar los comicios y garantizar la transparencia, legalidad y equidad de este proceso.
