Además del subsecretario Alejandro Encinas y dos de sus colaboradores en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el spyware Pegasus fue utilizado para espiar el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, el enlace técnico de la Comisión de la Verdad sobre la “Guerra Sucia”, la cual investiga las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los años 60 y 70.
De acuerdo con el Washington Post, el ataque contra el dispositivo de Ovalle fue confirmado por el grupo de expertos del Citizen Lab, quienes desde su laboratorio de la Universidad de Toronto también documentaron ataques perpetrados con Pegasus contra el periodista Ricardo Raphael, un reportero de Animal Político, el activista tamaulipeco Raymundo Ramos, el diputado de oposición Agustín Basave Alanís, dos ejecutivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el equipo directivo del Instituto Federal de la Defensoría Pública, así como Encinas y sus dos subordinados.
La revelación del espionaje ocurre días después de un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) para que el gobierno mexicano “redoble sus esfuerzos” en investigar el uso ilegal del spyware y ordene a sus agentes “que se abstengan de utilizar el software Pegasus de modo ilegal”.
De nueva cuenta, todo indica que la SEDENA espió el teléfono de Ovalle, pues el funcionario se dedica a investigar crímenes perpetrados por soldados y mandos hace décadas.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aseverado que la institución castrense no realiza espionaje y que no tiene Pegasus, existen numerosas evidencias que lo contradicen: además del perfil de las víctimas -todas han investigado la SEDENA-, se ha probado que la SEDENA, a través del Centro Militar de Inteligencia (CMI), ha comprado y renovado licencias de Pegasus de manera ininterrumpida desde el año 2011.
Acorralado por las revelaciones periodísticas, López Obrador ha respaldado a la SEDENA: además de negarse a transparentar documentos claves en el caso -como un contrato entre la SEDENA y la empresa Comercializadora Antsua, revelado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias en la investigación Ejército Espía- el mandatario ha lanzado teorías sin sustento para exculpar a la institución castrense, sugiriendo que los actos de espionaje pudieron originarse en “grupos conservadores” o en “agencias extranjeras”.
