En una atmósfera enrarecida por la polarización, los obstáculos a la libertad de prensa y la desconfianza hacia las instituciones democráticas, Guatemala celebró elecciones generales. El pasado 25 de junio de 2023, cada votante del país centroamericano recibió cinco papeletas en color blanco, verde, celeste, amarillo y rosado –en ese orden– para elegir Presidencia y Vicepresidencia; 160 diputaciones al Congreso, 32 del listado nacional y 128 por distritos electorales; 20 representaciones en el Parlamento Centroamericano; así como 340 corporaciones municipales, conformadas por alcaldías, sindicaturas y concejalías, durante el período 2024-2028.
De las 8,905,455 personas guatemaltecas convocadas a las urnas, el 60,51% acudió a la cita, uno por ciento menos que en los comicios de cuatro años atrás. El juego por la Presidencia de la República todavía no acaba, la reciente jornada de votaciones fue el primer tiempo, ya que el artículo 184 de la Constitución Política de la República y el 201 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establecen que gana el binomio que obtenga mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos; de lo contrario, se convoca a un balotaje entre las dos candidaturas más votadas. Desde 1985, año en que se instauró la “época democrática”, la jefatura de Estado se disputa en segunda vuelta al no lograrse la mayoría requerida.
El 20 de enero de este año, a través del Decreto 1-2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones. Por presuntos actos anticipados de campaña, la autoridad responsable de organizar el proceso electivo negó el registro de dos planillas encabezadas por la líder indígena Thelma Cabrera y por el diputado Aldo Dávila, quien durante su mandato (2020-2024) denunció actos de corrupción en el Gobierno. En total se inscribieron 23 binomios presidenciales para suceder a Alejandro Giammattei –dos de ellos en alianza de dos partidos–, aunque más tarde se canceló la candidatura del entonces puntero, Carlos Pineda, junto con 1,200 aspirantes de Prosperidad Ciudadana a otros cargos de elección. Las determinaciones del TSE causaron polémica pues algunos sectores consideraron que no se aplicó la ley con la misma dureza a todas las candidaturas, especialmente a las duplas lideradas por Sandra Torres y Zury Ríos. Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue esposa del fallecido expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y tres veces candidata a la Presidencia, aunque el artículo 186 de la Constitución prohíbe participar a familiares de quien se encuentre ejerciendo el cargo. Por su parte, la planilla de Ríos (Valor-Unionista) fue aprobada a pesar de ser hija del ex-dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien fue juzgado por genocidio, siendo que también se impide optar a parientes de partícipes en golpes de Estado.
Según la Encuesta Libre 2023, publicada cuatro días antes de la jornada electoral por la empresa Pro Datos en el diario Prensa Libre y Guatevisión, Sandra Torres (UNE) lideró la intención de voto con 21,3%; de acuerdo con dicho estudio de opinión, el segundo lugar se definiría entre Edmond Mulet (Cabal) y Zury Ríos (Valor-Unionista) con 9,1% y 13,4% de las preferencias, respectivamente. El día de la elección, Torres encabezó con el 15,78% de los votos, no obstante y contra todo pronóstico, Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) obtuvo el segundo lugar con 11,8%, pese a que nunca figuró sino en el octavo lugar de los sondeos, con menos del 3% del apoyo. Mientras la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, ofrecía conferencia de prensa en el Centro Nacional de Información para dar a conocer los resultados preliminares, Arévalo desvió la atención mediática tan pronto arribó al recinto. La disputa final entre Torres y Arévalo se prevé el próximo 20 de agosto.
Hay que decir que el gran ganador de los comicios fue el voto nulo, con 17,3%. Esta opción fue promovida por candidatos imposibilitados a participar, ya que en Guatemala las boletas tachadas en su totalidad tienen validez jurídica y pueden provocar que una elección se repita, conforme al artículo 237 de la LEPP; a diferencia de las papeletas en blanco o aquellas que se depositan bolsas incorrectas, que son clasificadas como inválidas.
Así las cosas, el domingo siguiente a la elección, la Corte Constitucional ordenó detener el conteo de sufragios en respuesta a denuncias presentadas por nueve partidos por presuntas irregularidades detectadas en mil actas, que representan el 0.82% de las 121,227 procesadas –de un total de 122,293– en el escrutinio. El máximo tribunal solicitó al TSE suspender la calificación y oficialización de resultados, sin descartar la posibilidad de anular los comicios en caso de comprobarse la alteración en los resultados. La medida fue criticada por organismos locales e internacionales, como la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos.
El curso político del país más poblado de América Central parece incierto, en un todavía inconcluso proceso de estabilización democrática al que anteceden décadas de autoritarismos y conflictos armados, en el contexto de una sociedad diversa y pluricultural, histórica y profundamente dividida, en opinión de quien escribe este Caleidoscopio, tras haber participado en la misión de observación organizada por Transparencia Electoral. Las autoridades guatemaltecas enfrentan el reto de cumplir y hacer cumplir la ley, entre acusaciones sobre la supuesta actuación sesgada en beneficio de opciones políticas ligadas al poder oligárquico. En estos momentos, responder con transparencia e imparcialidad constituye la vía más efectiva hacia la legitimidad del próximo Gobierno y la reconstrucción de la confianza en las instituciones político-electorales, aspectos fundamentales para Guatemala y cualquier otra democracia.
@HildaHermosillo
